El Departamento de Justicia se movió el miércoles para cancelar los acuerdos con Minneapolis y Louisville que exigían una reforma de sus departamentos de policía tras los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor, que se convirtieron en el catalizador de las protestas nacionales contra la injusticia racial en el verano de 2020.

Después de un informe contundente del Departamento de Justicia en 2023, Minneapolis aprobó en enero un decreto de consentimiento con el gobierno federal en los últimos días de la administración Biden para reformar sus políticas de entrenamiento y uso de la fuerza bajo supervisión judicial.

El acuerdo requería la aprobación de un tribunal federal en Minnesota. Sin embargo, la administración Trump obtuvo una demora poco después de asumir el cargo mientras consideraba sus opciones, y el miércoles informó al tribunal que no tiene la intención de proceder. Planeaba presentar una moción similar en un tribunal federal en Kentucky.

“Después de una revisión exhaustiva por parte de la actual dirección del Departamento de Justicia y la División de Derechos Civiles, Estados Unidos ya no cree que el decreto de consentimiento propuesto sea de interés público”, declaró Andrew Darlington, jefe interino de la sección de litigios especiales de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

“Estados Unidos ya no seguirá en este asunto”, añadió.

El Departamento de Justicia anunció su decisión justo antes del quinto aniversario del asesinato de George Floyd. El entonces oficial Derek Chauvin usó su rodilla el 25 de mayo de 2020 para inmovilizar al hombre negro en el pavimento durante nueve minutos y medio en un caso que provocó protestas en todo el mundo y un examen de conciencia nacional con el racismo y la brutalidad policial.

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Sin embargo, no se esperan cambios inmediatos que afecten al Departamento de Policía de Minneapolis, que opera bajo un decreto de consentimiento similar con el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, reiteró en una conferencia de prensa el martes que su departamento cumplirá con los términos del acuerdo federal tal como fue firmado, independientemente de lo que decida la administración Trump.

La ciudad en 2023 llegó a un acuerdo de conciliación con el Departamento de Derechos Humanos del estado para rehacer la vigilancia policial, bajo supervisión judicial, después de que la agencia emitiera un informe contundente en 2022 que encontró que la policía había mantenido durante mucho tiempo un patrón de discriminación racial.

La comisionada de Derechos Humanos de Minnesota, Rebecca Lucero, dijo que el decreto del tribunal estatal “no va a ninguna parte”.

“Bajo el acuerdo estatal, la ciudad y el departamento de policía deben realizar cambios transformadores para abordar la vigilancia policial basada en la raza”. expresó Lucero

“La enorme cantidad de trabajo que queda por delante para la ciudad, incluido el departamento de policía, no puede subestimarse. Y nuestro departamento estará aquí en cada paso del camino”, agregó.