En Agde, al sur de Francia, un tribunal impuso a la dueña de Rémi, un gato naranja acusado de causar molestias en el vecindario, una sanción económica y una orden de alejamiento respecto de la propiedad del vecino. El expediente se reabrió y habrá nueva citación en diciembre.

Rémi se convirtió en protagonista de una historia insólita: tras quejas acumuladas de un vecino, un juez ordenó restricciones para que el gato no vuelva a cruzar la cerca colindante, medida que encendió un debate sobre los límites de convivencia entre mascotas y comunidad.

Las denuncias atribuyen al felino diversas travesuras: desde dejar huellas en pavimento fresco hasta orinar sobre un edredón y ensuciar el jardín ajeno. La escalada de reclamos llevó el conflicto del patio a los estrados, con repercusión en redes.

El fallo inicial impuso a la propietaria 1,250 euros (más de $1,450) por daños y costos legales, además de 30 euros (más de $34) por cada ocasión en que el gato vuelva a ingresar a la parcela del denunciante. Aunque la decisión se dictó a comienzos de 2025, el caso se reactivó por presuntas reincidencias y tendrá audiencia en diciembre.

La dueña, Dominique Valdez, describió el veredicto como un golpe difícil de asimilar y aseguró haber optado por un “arresto domiciliario” para su mascota: mantenerla dentro de casa por miedo a que salte la valla. Según relató, el encierro le habría provocado aumento de peso y conductas más agresivas.

El vecino sostiene que las incursiones no cesaron, y medios locales recogieron que la reapertura contempla la posibilidad de multas adicionales de hasta 2,000 euros (más de $2,300) y un incremento a 150 euros (más de $170) por cada nueva aparición del gato en su jardín, si el tribunal confirma la reiteración.

El expediente, calificado como inédito por su singular alcance, encendió posturas encontradas: unos reclaman normas firmes para proteger la propiedad y la higiene. Otros advierten que confinar a un animal de vida doméstica y activa puede afectar su bienestar.

Desde la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPA) alertaron que no registran fallos similares y temen un efecto indeseado: si el precedente se consolida, podría desincentivar adopciones ante el miedo a sanciones por conductas inherentes a los gatos cuando se mueven libremente.

El caso volvió a poner sobre la mesa la delgada línea entre responsabilidad del tutor y tolerancia vecinal: cómo encauzar hábitos naturales (merodear, marcar territorio, jugar) sin vulnerar la tranquilidad del entorno inmediato. La discusión ya trascendió el barrio y suma voces en toda Francia.

A la espera de la citación de diciembre, el futuro de Rémi sigue atado a lo que resuelva la justicia local: si se mantienen (o no) las penalizaciones y qué parámetros fijará el tribunal para equilibrar derechos de propiedad, bienestar animal y convivencia.