Casi dos años después de que Daniel Sancho fuera condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, su futuro legal sigue sin estar definido. Aunque cumple su sentencia en prisión, el caso permanece abierto mientras se resuelve el recurso presentado por su defensa.

El abogado de la familia de Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, explicó a Europa Press que todavía está pendiente la decisión del tribunal sobre la apelación interpuesta por los representantes legales de Sancho. La defensa busca revertir la condena o conseguir que el juicio se repita por presuntas irregularidades en el proceso.

Mientras ese recurso es evaluado, Ospina considera que existe la posibilidad de que, en el futuro, Daniel Sancho sea trasladado a España para continuar allí el cumplimiento de su condena, aunque aclaró que ese escenario no sería inmediato y dependería de varios procedimientos legales y de la cooperación entre ambos países.

El abogado señaló que la familia de Edwin Arrieta conoce esa posibilidad y ha sido informada desde el principio para evitar falsas expectativas. También recordó que el principal interés de sus representados es que se haga justicia y que se respete la sentencia emitida por la justicia tailandesa.

Desde que fue condenado en agosto de 2024, Sancho permanece recluido en la prisión de Surat Thani, donde cumple cadena perpetua por la muerte y descuartizamiento del médico colombiano. Su equipo legal sostiene que aún existen vías para impugnar el fallo.

En paralelo, la familia de la víctima continúa enfrentando las consecuencias del crimen. Ospina aseguró que los padres y la hermana de Edwin Arrieta siguen atravesando un profundo dolor y mantienen la esperanza de que el proceso judicial concluya respetando los derechos de la víctima.

La evolución del caso dependerá ahora de la resolución del recurso de apelación. Solo después de esa etapa podrían abrirse otros escenarios legales, incluido un eventual traslado de Sancho a España para cumplir el resto de su condena, siempre que las autoridades competentes de ambos países lo autoricen.