España busca prohibir redes sociales para menores de 16 años
Se une a un creciente número de países que han tomado o sopesan medidas para restringir el acceso de menores de edad a redes sociales.

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Madrid. España planea prohibir el acceso de niños menores de 16 años a redes sociales, afirmó el martes el presidente de gobierno Pedro Sánchez, en una medida diseñada para proteger a los jóvenes de los daños del contenido en línea.
En un discurso en una cumbre en Dubái, Sánchez criticó a las principales empresas tecnológicas del mundo por permitir la proliferación de contenido ilegal, como el abuso sexual infantil y las imágenes y videos sexualizados generados por inteligencia artificial, manifestando que los gobiernos también necesitan “dejar de hacerse de la vista gorda”.
“Hoy, nuestros hijos están expuestos a un espacio que nunca debieron navegar solos”, expresó Sánchez. “Ya no lo aceptaremos”.
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España se une a un creciente número de países, incluidos Australia y Francia, que han tomado o sopesan medidas para restringir el acceso de menores de edad a redes sociales.
Francia aprobó el mes pasado una ley que prohíbe el acceso de menores de 15 años a redes sociales, allanando el camino para que la medida entre en vigor en septiembre, al inicio del próximo año escolar. La ley también prohíbe el uso de teléfonos móviles en escuelas secundarias.
Australia ha comenzado a implementar la primera prohibición mundial de redes sociales para menores de 16 años, después de que su gobierno aprobó una medida que responsabiliza a plataformas como TikTok, Twitch, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram por no impedir el acceso a niños.
Dinamarca ha introducido una iniciativa similar para prohibir el acceso de usuarios menores de 15 años a redes sociales, mientras que el Reino Unido anunció el mes pasado que considerará prohibir el uso de redes sociales entre adolescentes jóvenes, a medida que endurece las leyes diseñadas para proteger a los niños del contenido dañino y del tiempo excesivo frente a la pantalla.
Sánchez manifestó que España requerirá que las compañias de redes sociales hagan cumplir la prohibición con sistemas de verificación de edad, “no sólo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen”.
Muchas aplicaciones de redes sociales requieren que los usuarios tengan al menos 13 años, aunque la implementación de esta norma varía. A menudo se les pide a los usuarios que declaren su propia edad.
La prohibición de España se añadirá a una medida ya existente que gira en torno a las protecciones digitales para menores que se debate en el parlamento, informó un portavoz del gobierno. Sánchez indicó que esto podría suceder tan pronto como la próxima semana.
No está claro si la coalición izquierdista de Sánchez obtendrá la aprobación necesaria en el Parlamento, donde su gobierno carece de mayoría. Un portavoz del partido de extrema derecha Vox denunció que la medida del gobierno estaba dirigida a “asegurarse que nadie le vaya a criticar”, mientras que el principal partido de oposición, el centroderechista Partido Popular, destacó que había propuesto restricciones similares el año pasado, en una aparente muestra de apoyo.
Las empresas de redes sociales Meta —que posee Facebook e Instagram— y X no han respondido a una solicitud de comentarios.
Pero Elon Musk, el multimillonario propietario de X y el hombre más rico del mundo, escribió que " Sánchez es el verdadero fascista totalitario", haciendo referencia al discurso del líder español en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Emiratos Árabes Unidos.
Sánchez también dijo que España se había unido a otros cinco países europeos en lo que el líder español denominó una “coalición de los digitalmente dispuestos” para coordinar la regulación de las plataformas de redes sociales a nivel multinacional.
Además, España convertiría en delito manipular algoritmos para amplificar contenido ilegal y exigirá rendición de cuentas a los ejecutivos tecnológicos por no eliminar contenido delictivo de sus plataformas, afirmó.
“No más pretender que la tecnología es neutral”, dijo Sánchez.
Ambas medidas requerirían la aprobación parlamentaria para cambiar la ley española, señaló un portavoz del gobierno.

