La Casa Blanca amplió esta semana la prohibición de viajes a Estados Unidos y añadió a Antigua y Barbuda y Dominica a la lista de países con restricciones de ingreso, en el marco de una política que el gobierno de Donald Trump justificó por motivos de seguridad nacional.

La decisión, difundida a través de un comunicado oficial, se centró en supuestas deficiencias persistentes en los sistemas de evaluación, verificación y cooperación en el intercambio de información de esas naciones.

Según explicaron fuentes oficiales, la ampliación del veto responde a la necesidad de “proteger a la población estadounidense” frente a eventuales amenazas. “Es deber del presidente tomar medidas para garantizar que quienes intenten ingresar a nuestro país no perjudiquen al pueblo estadounidense”, sostuvo la Casa Blanca, al tiempo que aclaró que las restricciones fueron diseñadas de manera específica para cada país y contemplan excepciones puntuales.

En ese sentido, el Gobierno estadounidense detalló que la disposición incluye salvedades para residentes permanentes legales, titulares de visas ya otorgadas y determinadas categorías, como diplomáticos y atletas, además de personas cuyo ingreso sea considerado de interés nacional. No se trata, remarcaron, de un cierre absoluto de fronteras, sino de un régimen de controles reforzados.

El foco de la decisión estuvo puesto en los programas de ciudadanía por inversión sin residencia efectiva que ofrecen ambos países caribeños. Washington señaló que esos esquemas, que permiten obtener pasaportes a cambio de inversiones económicas, representan un riesgo potencial si no cuentan con mecanismos robustos de control y verificación de antecedentes.

Desde Dominica, la reacción fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que inició gestiones con funcionarios estadounidenses para “obtener una aclaración formal sobre el alcance de las medidas, la base sobre la cual se tomaron y las implicancias específicas para viajeros, estudiantes, familias y otros titulares legítimos de visas estadounidenses dominicanos”. En un comunicado difundido por el portal local Dominica News, el Gobierno aseguró que continuará trabajando de manera estrecha con las autoridades de Estados Unidos para abordar cualquier problema identificado y proteger los intereses de los ciudadanos dominicanos.

Una postura similar expresó el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, quien cuestionó la interpretación realizada por Washington sobre los programas de residencia del país. “No refleja la realidad actual de nuestras leyes”, afirmó en declaraciones al portal local Antigua Newsroom. Además, indicó que su administración busca “aclarar el asunto, presentar información completa y precisa e iniciar un proceso de resolución con miras a restablecer el acceso normal a las visas para los ciudadanos de Antigua y Barbuda”.

La inclusión de ambos países en la lista de restricciones generó sorpresa, ya que tanto Antigua y Barbuda como Dominica mantienen actualmente una alerta de viaje de Nivel 1 por parte del Departamento de Estado estadounidense, la más baja de su sistema de advertencias, que recomienda a los viajeros “tomar las precauciones habituales”. Los ciudadanos estadounidenses, además, pueden ingresar a esos destinos sin necesidad de visa.

La ampliación del veto no se limitó al Caribe. La orden presidencial incorporó restricciones parciales para una serie de países de África y Oceanía, entre ellos Angola, Benín, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue. En paralelo, se sumaron cinco nuevos países a la lista de prohibiciones totales, que ya incluía a naciones consideradas de “alto riesgo” por Washington, como Afganistán, Irán, Somalia, Sudán y Yemen. Entre las incorporaciones recientes figuran Sudán del Sur y Siria.