Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra y Alemania acordaron cortar el acceso de ciertas instituciones financieras rusas al sistema de pagos electrónicos y mensajería SWIFT e impusieron medidas más restrictivas sobre el banco central ruso.

Estas nuevas sanciones responden a la invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin y están diseñadas para limitar, severamente, el acceso a fondos que Putin pueda utilizar para financiar su acción militar contra Ucrania.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció las nuevas sanciones en una conferencia de prensa conjunta.

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A diario, instituciones financieras rusas mueven miles de millones de dólares entre más de 11,000 bancos alrededor del mundo.

Aliados en ambos lados del océano Atlántico también consideraron implementar dicha sanción en el 2014, cuando Rusia invadió y anexó la península de Crimea, al tiempo que brindó apoyo a elementos separatistas en el este de Ucrania. En ese momento, el gobierno ruso advirtió que su remoción del sistema SWIFT sería visto como una declaración de guerra, por lo que la sanción nunca fue implementada.

Desde entonces, Rusia ha intentado implementar su propio sistema bancario electrónico, pero ha tenido poco éxito.

El gobierno de Estados Unidos ha tenido éxito, en el pasado, de presionar para remover a países del sistema SWIFT con base en Bélgica, incluyendo a Irán. No obstante, remover a Rusia también crearía problemas para otras naciones como Alemania, un aliado clave en la OTAN.

La sanción anunciada por Von der Leyen es parcial, por lo que Europa y los Estados Unidos podrían escalar las penalidades en un futuro.

Cortar el acceso a ciertos bancos e instituciones financieras asegurará que estén desconectados del sistema financiero internacional, además de provocar problemas para que puedan operar a nivel global”, resaltó la funcionaria, al tiempo que advirtió que otros bancos podría ser sancionados según sea apropiado.

Del mismo modo, Von der Leyen resaltó que la Unión Europea dedicará recursos para limitar la venta de llamados “pasaportes dorados”, un mecanismo mediante el que oligarcas rusos con conexiones al gobierno adquieren ciudadanías en otros países para así tener acceso a los mercados.