BUENOS AIRES. Más de 50 hombres y mujeres fallecidos, algunos jóvenes y otros ancianos. Todos fueron hospitalizados por distintas razones, pero terminaron unidos trágicamente por la aplicación de dosis de un lote de fentanilo contaminado en hospitales de Argentina.

A casi tres meses de que las autoridades ordenaran el retiro de circulación del analgésico que se aplicaba en distintos centros médicos y al cual se le detectó la presencia de bacterias, familiares de las 54 víctimas se movilizaron el jueves en Buenos Aires en reclamo de justicia por una tragedia sanitaria sin antecedentes en la historia del país sudamericano.

“¿Quién se hace cargo de los muertos? ¿Quién me devuelve a mi hijo?”, expresó Sol Francese, madre de Renato Nicolini, un joven de 18 años que ingresó al hospital Italiano en la ciudad bonaerense de La Plata por un traumatismo de cráneo tras un accidente de motocicleta el 25 de abril.

Allí contrajo una neumonía y a los pocos días sufrió muerte cerebral. Las propias autoridades del hospital le confirmaron a su madre que al joven se le había aplicado la ampolla de fentanilo contaminada con bacterias K. pneumoniae de tipo MB y Ralstonia spp.

“No fue un error, fue un crimen”, remarcó Francese durante la protesta convocada frente al hospital Italiano, en el cual se produjeron la mayor cantidad de decesos, aunque no los únicos a causa del fentanilo producido por las firmas locales HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

“Contaminaron las ampollas y las distribuyeron como si nada. Hay un Estado ausente y cómplice. Exigimos justicia y condenas…No vamos a dejar que esto se archive sin más”, advirtió la madre de Renato.

Las autoridades sanitarias confirmaron hasta el momento 54 decesos en hospitales de las provincias de Sante Fe, Buenos Aires y en la capital. Pero la justicia investiga otro medio centenar de muertes.

El fentanilo es un opioide sintético importado principalmente de China que se aplica como analgésico para controlar el dolor severo que sufren pacientes de áreas como cuidados intensivos o en quirófanos.

Considerado 50 veces más fuerte que la heroína, su consumo recreativo es sumamente adictivo y se ha multiplicado por todo el continente, pero este no es el caso.

Leonel Ayala era un profesor de música de 32 años con “un estado físico espectacular”, que acudió al hospital por un dolor abdominal en los primeros días de marzo y falleció el 12 de abril por una infección generalizada, relató a The Associated Press, su madre Liliana Peralta.

Recién en mayo, cuando tomó estado público el caso del fentanilo, la familia del joven pidió la historia clínica y allí confirmó que se le había aplicado el producto contaminado.

“No solo se fue una vida, se fue una historia, una promesa. Era un docente comprometido, era brillante. Perdimos algo en la sociedad”, lamentó Peralta, madre de otros tres varones.

Peralta y otros familiares marcharon sosteniendo un cartel con la frase: “Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron”, estrofas del tema “La memoria”, del compositor argentino León Gieco. “Víctimas del fentanilo adulterado. Familias unidas por el dolor”.

La abogada Adriana Francese, quien representa en la causa judicial a tres familias, dijo a la AP que “el lote se contaminó en el laboratorio por las malas prácticas de manufactura. No es un hecho individual, venía sucediendo hace años”.

“Hay muchísimas alertas del ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que depende del ministerio de Salud), que si bien tomó alguna medida no fue la actitud que debió tomar. Haber clausurado o impedir que siga funcionado este laboratorio”, detalló la letrada.

El propio ANMAT reconoció en un comunicado del 13 de mayo que una inspección oficial previa a los sucesos había alertado sobre “incumplimientos a la Buenas Prácticas de Fabricación y Control” en Laboratorios Ramallo, que elaboraba productos para HLB Pharma Group.

Todavía no hay imputados en la causa, pero la justicia prohibió la salida del país y la inhibición de bienes de los propietarios de los laboratorios. También ordenó allanamientos, en los que se secuestró documentación y computadoras.

En tanto que peritos del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia iniciaron los peritajes de más de un centenar de historias clínicas.