MADRID. Una empresa familiar radicada en un pequeño municipio costero español operó durante 15 años una de las mayores redes internacionales de pesca ilegal de merluza negra del Antártico, un apreciado manjar en los restaurantes más selectos.

Estas actividades no se contemplan como delitos penales, pero las autoridades españolas imputan 19 infracciones muy graves a varias empresas y personas por la explotación de cuatro buques de pesca ilegal en aguas del Antártico. El gobierno tiene la potestad de multar a la compañía por la violación de las leyes internacionales de pesca. La sanción podría superar los 11.4 millones de euros ($12.9 millones).

El Ministerio español de Agricultura no nombró las compañías, pero el ministro de Exteriores de Nueva Zelanda, Murray McCully, dijo a The Associated Press en una entrevista que las empresas están vinculadas a Vidal Armadores SA, que ya fue multada con 150,000 euros ($167,650) por pesca ilegal cerca de la Antártida en 2010.

McCully aseguró que su gobierno ayudó a España y describió el inicio del proceso sancionador como "un gigantesco paso adelante" en la lucha contra la pesca ilegal en el Antártico.

La corporación controlaba un lucrativo negocio mundial a través de un entramado de empresas pantalla desde la localidad de Ribeira, en el océano Atlántico.

Otros 50 ciudadanos españoles, marineros expertos, afrontan largos períodos de inhabilitación por enrolarse en pequeros ilegales. Dos de estos barcos se encuentran actualmente retenidos en Cabo Verde, otro en Tailandia y el cuarto se hundió en aguas del Índico hace un año.

Un ex portavoz de Vidal dijo que los dueños de la compañía no respondían al teléfono. Y el abogado que ha representado a la empresa en el pasado, Carlos Pérez Bouzadas, declinó el martes hacer comentarios.

En su defensa, el equipo legal de Vidal argumentó en el pasado que los barcos con banderas que no han suscrito convenios reguladores de pesca en el Antártico no están haciendo nada ilegal mientras se encuentren en aguas internacionales.

La investigación española y el análisis del material decomisado han destapado por primera vez el funcionamiento del negocio. La pesca de esta especie está controlada por la Convención por la Conservación de los Recursos Vivos de la Antártida, que regula su captura y supervisa los barcos que pueden apresarla de manera legal.

La cuota anual es de 26,000 toneladas. Más de la mitad de las mismas se exportan a Estados Unidos, donde la merluza negra, también conocida como róbalo chileno, se sirve en restaurantes de lujo.

"Es la sanción más elevada conocida, y la primera de esta categoría, que se ha impuesto en la historia de la Unión Europea", dijo María José Cornax, responsable de campañas de pesca de Oceana. 

"El comunicado manda un claro mensaje de advertencia a todos los ciudadanos que hasta la fecha se sentían protegidos por el uso de sociedades pantalla en terceros países y por pabellones de conveniencia", se indicó.

Martin Exel, presidente de la patronal Colto que agrupa a las empresas legales del sector, cifró en unas 1,000 toneladas la cantidad de merluza negra que se pesca ilegalmente cada año, alcanzando un valor de $20 millones en el mercado. 

"Ha tomado mucho tiempo atraparlos", dijo Exel.