Los indultos otorgados por el presidente Leonel Fernández a cinco personas sentenciadas por corrupción desataron polémica en diversos sectores de la población dominicana.

Fernández liberó el lunes a una ejecutiva bancaria sentenciada por fraude y a otros cuatro condenados por estafa contra el estado.

La decisión gubernamental levantó críticas y provocó la renuncia de miembros de una comisión designada para estudiar los casos de presos que deben ser los beneficiados por los indultos presidenciales.

El cardenal Nicolás de Jesús López comentó hoy, jueves, que le resulta extraño que se hayan otorgado estos indultos cuando existen muchas personas que también los merecen.

"Sabemos que hay muchísima gente que está en las cárceles por simplezas, por tonterías, entonces si se fuera a aplicar el indulto de una manera correcta y en justicia habría que comenzar indultando a toda esta gente que hace tiempo está presa por una simpleza", manifestó a los periodistas.

Aunque reconoció que el mandatario tiene la facultad constitucional para hacerlo, López Rodríguez sostuvo que le consta que "una buena parte de la población tiene una profunda indignación" por los indultos.

Fernández emitió un decreto en el que dejó libre de cargos a la ex ejecutiva del Banco Intercontinental (Baninter), Vivian Lubrano, condenada a cinco años de prisión por encubrimiento en un fraude millonario cometido por empleados de esa institución en el 2003.

También fueron favorecidos los sindicalistas Casimiro Antonio Marte Familia (Antonio Marte), Milcíades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa, así como el ex funcionario Pedro Antonio Franco Badía.

Los sindicalistas y ex funcionarios guardaban prisión por estafar al estado con más de 1.800 millones de pesos (unos 54 millones de dólares) a través de un programa para mejorar el transporte público.

El coordinador general de la Pastoral Penitenciaria, fray Arístides Jiménez Richardson, y otros cuatro miembros de la Comisión de Indultos de la Procuraduría General renunciaron a sus puestos en protesta por la decisión de Fernández.

El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, defendió la decisión al explicar que el otorgar un perdón es una facultad "que le viene conferida al mandatario por la Constitución".

El presidente tiene la facultad constitucional de ordenar la libertad de reclusos durante las fechas patrias (27 de febrero y 16 de agosto), así como días antes de Navidad.