Berlín. Un director de prisiones alemán, Thomas Galli, es partidario de una abolición casi total de las cárceles que, según dice en una entrevista que publica hoy la revista "Der Spiegel", debían reservarse sólo a unos pocos delincuentes altamente peligrosos.

"No argumento desde una mal entendida filantropía sino desde una consideración de costos y beneficios. Desde esa la perspectiva, se trata de una institución insensata. Hay recursos más eficaces para tratar a gente que viola las normas", dice en la entrevista.

Galli sostiene que el 90% de la gente que está actualmente en las cárceles alemanes podrían ser dejadas de inmediato en libertad sin que la inseguridad aumentase.

"Sólo una minoría ha cometido asesinatos o violaciones", dice Galli en la entrevista.

Así, por ejemplo, de las cerca de 44,000 personas que están en prisión en Alemania, 4,000 -es decir, casi el 10%- purgan penas de cárcel por no haber podido pagar multas que los hubiera dejado en libertad.

"Se trata de gente que ha cometido delitos como usar los medios de transporte sin pagar, conducir sin licencia o pequeños hurtos. La cárcel por esos delitos es algo que sólo afecta a los pobres", dice.

La experiencia carcelaria, según Galli, lleva a ese grupo a la marginación social, al contacto con drogas -si no lo ha tenido antes- y con personas antisociales.

Galli sostiene que la mayoría de los delitos -incluso los delitos graves- se cometen a partir de un impulso ante el que el posible castigo no sirve de disuasión.

Además, el peligro de que un criminal reincida es, dice, "con frecuencia mucho menor que el daño que produce la cárcel".

Los criminales que Galli considera como "verdaderamente peligrosos" -entre los que cuenta asesinos o violadores reincidentes de niños- deberían, según él, ser aislados de por vida de la sociedad en especies de pueblos o islas prisión donde deberían realizar trabajo comunitario.

El resto de los delincuentes podrían ser castigados con multas o con arresto domiciliario controlado electrónicamente y deberían estar bajo control permanente de trabajadores sociales.