Un gran debate ha surgido en Argentina luego que una niña de 12 años llegara al hospital con fuerte dolor abdominal y le comunicaran que estaba embarazada de 23 semanas, producto de una violación de su vecino de 60 años y quien la amenazó con asesinarla si contaba lo sucedido.

Tanto la menor como la madre solicitaron un aborto y este viernes –tras moverla de hospital y llegar a la semana 24– le realizaron una cesárea para interrumpirle el embarazado. La bebé sobrevivió.

La menor y la recién nacida están bien, no tendrán ningún tipo de contacto y la bebé será puesta en adopción, han informado diversos medios.

Este caso ha creado dos fuertes bandos en el país suramericano: los que protestan por el “incumplimiento” del derecho de la menor a interrumpir su embarazo y los que le agradecen al hospital por “salvar la vida de un inocente”.

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que se respetaría el pedido de la madre y la niña quienes solicitaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y afirmó: "su caso contempla las tres causalesque prevé el Código Penal".

Y es que, según el protocolo del gobierno y de Unicef, “cualquier embarazo de una niña menor de 13 años es producto de abuso sexual y puede acceder a una interrupción legal del embarazo”.

Es un caso histórico porque se trata de la niña más joven y con el embarazo más avanzado en la provincia. Jujuy tiene la mayor tasa de embarazo en niñas menores de 15 años.

La ley vigente contempla la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas en caso de riesgo en la vida del cuerpo gestante. Además, en 2012, la Corte Suprema dictó un fallo donde se aclaró que el aborto es legal en todos los casos de violación y que la persona debe acceder al derecho sin denuncia ni judicialización.

Familiares de la víctima intentaron acelerar el aborto, pero los médicos y autoridades del hospital se opusieron al alegar el alto desarrollo del feto que llevaba ya 6 meses de gestación.

"Inducir el parto en este momento puede generarle al bebé una parálisis cerebral", afirmó Marcelo Briones, jefe de la maternidad. "No estamos pidiendo que se lleven al bebé a la casa, lo que queremos es que el bebé nazca vivo y tenga una buena calidad de vida", concluyó Briones.

Querían extender la gestación entre seis y ocho semanas más ya que el feto pesaba 1.5 libras y podría traer complicaciones futuras de nacer prematuro. "Se trata de un caso muy delicado y peligroso para la menor. Lo más aconsejable para la salud de la niña y el bebé es un parto inducido", dijo el centro de salud.

El Obispo de Jujuy, César Fernández, envió una carta desde Roma en donde pedía la "oración de la comunidad" y solicitó: "rogamos que el caso se resuelva de la mejor manera, sin aumentar dolor al dolor, salvando las dos vidas".

Los políticos de Jujuy también se involucraron en el caso y dentro de las manifestaciones se presentaron la diputada nacional radical Gabriela Burgos (pro vida) y el concejal capitalino Guillermo Alemán, del FIT, a favor del aborto.

Dos abogados, Roberto Alemán y Fernando Bóveda, presentaron un recurso de amparo a la fiscalía recurriendo a las normas internacionales de protección a la vida afirmando que había matrimonios dispuestos a adoptar al bebé.

El fiscal de turno, José Alfredo Blanco afirmó al diario local, El Tribuno, y dijo que la fiscalía no intervendría. "La decisión debe tomarla la familia y los médicos", dijo.

Finalmente, la institución hospitalaria decidió practicarle una cesárea, aunque esta opción no está contenida entre los métodos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud para llevar a cabo un aborto, reseñó El País.