El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este jueves el decreto que fija las normas para la reducción de la jornada laboral de seis a cinco días semanales y que entrará en vigor a partir del próximo 16 de diciembre.

La norma, que regula la ley aprobada por el Congreso en octubre, establece una transición gradual sin recorte salarial: el límite bajará primero de 44 a 42 horas semanales, con dos días de descanso remunerado, y pasará a cuarenta horas en diciembre de 2027.

La reforma laboral fue una de las principales banderas de la campaña de Lula por la reelección, quien aseguró que tiene el objetivo de “humanizar” el mundo del trabajo.

“Una persona descansada produce mucho más que una persona cansada, ya sea en áreas intelectuales o en servicios pesados”, afirmó el gobernante.

El mandatario también vaticinó que la reforma enfrentará resistencia del sector empresarial, al que acusó de no haber trasladado a los trabajadores los beneficios de la digitalización, y advirtió de que intentará llevarla a los tribunales y retrasar su entrada en vigor.Según el Gobierno, la medida beneficiará a 36.5 millones de trabajadores al término de la transición.

El ministro de Trabajo brasileño, Luiz Marinho, añadió que “se celebraron más de un centenar de reuniones con diversos sectores de la economía para debatir el diseño del decreto”.

Corresponderá al ministerio encabezado por Marinho, “mediante acuerdos y negociaciones colectivas”, según explicó, dictar normas específicas para sectores con jornadas especiales o no convencionales, como hospitales y servicios de vigilancia.

Lo mismo se aplicará a ramas de actividad que exigen operación ininterrumpida, como refinerías, ensambladoras de automóviles y siderúrgicas.

El caso había sido judicializado ante la Corte Suprema brasileña por representantes de empresarios y de la industria, pero las reglas de transición fueron mantenidas tras una decisión dictada la semana pasada por el magistrado Flávio Dino, instructor de la causa.

La Confederación Nacional del Comercio (CNC) alega que la proximidad de la fecha de entrada en vigor provocará un mayor impacto en el sector, ya que sostiene que no hay tiempo suficiente para adaptarse durante el período de fiestas de fin de año, cuando aumenta la actividad comercial.

Por su parte, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) estima que el cambio tendrá un impacto de 11,000 millones de reales (algo menos de 2,000 millones de dólares) y solicita que las nuevas reglas no se apliquen a los convenios firmados con anterioridad.