Caracas, Venezuela. Un grupo de migrantes venezolanos que fueron trasladados por el gobierno estadounidense a una prisión en El Salvador a principios de este año exigieron justicia el viernes, días después de que un juez federal en Washington dictaminara que la administración de Donald Trump debe garantizarles el debido proceso legal.

Los hombres declararon a la prensa en la capital venezolana que esperan que organizaciones legales impulsen sus demandas ante los tribunales. La rueda de prensa fue organizada por el gobierno venezolano, que previamente había anunciado que había contratado servicios legales para los inmigrantes.

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El lunes, un juez federal ordenó al gobierno estadounidense que garantizara el debido proceso legal a los 252 venezolanos, ya sea mediante audiencias judiciales o su regreso a Estados Unidos.

Arturo Suarez, un migrante venezolano enviado por Estados Unidos a El Salvador y posteriormente deportado a Venezuela, camina con su familia tras leer un comunicado en un edificio gubernamental en Caracas, Venezuela, el viernes, 26 de diciembre. (Foto AP/Matias Delacroix)
Arturo Suarez, un migrante venezolano enviado por Estados Unidos a El Salvador y posteriormente deportado a Venezuela, camina con su familia tras leer un comunicado en un edificio gubernamental en Caracas, Venezuela, el viernes, 26 de diciembre. (Foto AP/Matias Delacroix) (Matias Delacroix)

El fallo abre la posibilidad de que los hombres impugnen la acusación de la administración Trump de que son miembros de la banda Tren de Aragua y que, por lo tanto, están sujetos a la deportación en virtud de una ley de guerra del siglo XVIII.

Los hombres han denunciado en repetidas ocasiones haber sido torturados física y psicológicamente en la notoria prisión salvadoreña.

“Hoy estamos aquí para exigir justicia ante el mundo por las violaciones de derechos humanos cometidas contra cada uno de nosotros, y para pedir ayuda a las organizaciones internacionales para que nos asistan en nuestra defensa, de modo que nuestros derechos humanos sean respetados y no vuelvan a ser violados”, declaró Andry Blanco a los periodistas en Caracas, donde se reunieron alrededor de dos docenas de migrantes el viernes.

Algunos de los hombres compartieron las dificultades diarias que enfrentan actualmente, incluyendo el miedo a salir de sus casas o a encontrarse con las fuerzas del orden, como consecuencia de los brutales abusos que, según afirman, sufrieron en prisión. Los hombres no especificaron qué tipo de justicia buscan en su caso, pero no todos están interesados ​​en regresar a Estados Unidos.

“No confío en ellos”, dijo Nolberto Aguilar refiriéndose al gobierno estadounidense.

Los hombres fueron trasladados en avión a El Salvador en marzo. Fueron enviados de regreso a su país en julio como parte de un intercambio de prisioneros entre la administración Trump y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Camilla Fabri, viceministra de Relaciones Exteriores de Venezuela para la Comunicación Internacional, afirmó que el gobierno de Maduro está trabajando con un colegio de abogados en Estados Unidos y con “todas las organizaciones de derechos humanos para preparar una demanda importante contra Trump y el gobierno de Estados Unidos, para que reconozcan todos los crímenes que han cometido contra” los hombres.