CÚCUTA.- Miles de personas cruzaron el sábado hacia Colombia para comprar medicinas y alimentos después que el presidente venezolano Nicolás Maduro reabrió un cruce fronterizo cerrado desde hace casi cuatro meses.

Largas filas de venezolanos, algunos cargando a hijos chicos en hombros, se formaron en dos puentes internacionales cerca de Cúcuta para mostrar sus documentos de identidad a las autoridades colombianas. Guardias fronterizos venezolanos de uniformes verdes ayudaban a mantener el orden entre la multitud.

El gobierno venezolano cerró las fronteras con Aruba, Bonaire, Curaçao, Brasil y Colombia a fines de febrero cuando la oposición política intentó introducir toneladas de ayuda humanitaria al país.

La mayor parte de la ayuda provino de Estados Unidos, un aliado crucial del dirigente opositor Juan Guaidó, quien se declaró presidente encargado en enero. Pero Maduro calificó el envío de ayuda como una violación de la soberanía y prohibió su ingreso.

En mayo, el gobierno reabrió las fronteras con Aruba y Brasil, pero los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander que conectan con Colombia se habían mantenido cerrados.

Una marea de gente aprovechó la reapertura para entrar en Colombia y comprar bienes casi imposibles de encontrar en Venezuela.

La otrora rica nación petrolera sufre una grave escasez de productos básicos y una hiperinflación que el FMI calcula será de más de 10 millones por ciento para este año. Las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones de petróleo han agravado el caos, que ha orillado a miles de personas a salir del país, unas 5.000 a diario según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

ACNUR dijo el viernes que 4 millones de venezolanos, casi el 15% de la población, han abandonado el país.

El sábado, la enviada especial de la ACNUR, Angelina Jolie, se encontraba en otro sector de la frontera colombo-venezolana para conocer la situación de los migrantes y generar conciencia sobre sus necesidades. La actriz se reunió con socorristas y venezolanos, y recorrió un campamento instalado por la ONU para migrantes vulnerables.

El sábado, la enviada especial de la ACNUR, Angelina Jolie, se encontraba en otro sector de la frontera colombo-venezolana para conocer la situación de los migrantes.

Al término de su visita, Jolie elogió en una breve declaración a Colombia por haber recibido más de 1,3 millones de migrantes y refugiados venezolanos, y exhortó a los gobernantes de los países desarrollados a que hagan más para ayudar a las personas desplazadas en el mundo.

“Pareciera que aquellos que tienen menos son los que a menudo dan más”, afirmó Jolie. “En lugar de concentrarse en enfrentar el vacío en la diplomacia, la seguridad y la paz que obliga a un número cada vez mayor de personas a marcharse, escuchamos hablar cada vez más sobre lo que los gobiernos individuales no están dispuestos a hacer”.

Jolie dijo que el ACNUR tiene dificultades para financiar servicios para los migrantes y refugiados venezolanos. En diciembre, la agencia presentó un plan por 738 millones de dólares para asistir a los venezolanos desplazados en todo el hemisferio, pero sólo ha recaudado una quinta parte de esa cantidad a la fecha.

Horas antes el sábado, Jolie se reunió con el presidente colombiano Iván Duque, quien se ha comprometido a mantener abierta la frontera de su país con Venezuela no obstante la gran llegada de migrantes.

Duque señaló que en la reunión con Jolie y funcionarios del ACNUR, se examinaron medidas que podrían ser adoptadas para facilitar la integración de venezolanos en Colombia, como una iniciativa de ley que conceda la nacionalidad colombiana a miles de hijos de migrantes venezolanos que han nacido en Colombia y que en la actualidad carecen de Estado.

Duque dijo que conceder a estos menores la ciudadanía “es una forma humanitaria de darles a ellos oportunidades y beneficios” que les permitirán salir de la pobreza.

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia contabiliza por lo menos 3.290 menores nacidos desde diciembre de 2017 que no han logrado obtener la ciudadanía. Los grupos de derechos humanos aseguran que la cifra podría ser de hasta 25.000.