Sao Paulo. Las muertes por la COVID-19 se duplicarán en Brasil, hasta las 150,000, de aquí a finales de este año, calculó en entrevista con EFE Carlos Lula, el presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass) que recopila los datos de la enfermedad en las 27 regiones del país.

El dirigente del Conass alertó además que faltan medicamentos para poder intubar a los pacientes más graves de coronavirus y avisó del aumento de la curva de fallecimientos y contagios en la zona sur y centro-oeste de Brasil.

"El primer puesto (en número de contagios y muertes totales) deberá ser para Estados Unidos, pero el segundo lugar será muy difícil que nos lo quite otro país", reconoció Lula, secretario de Salud de la región de Maranhao, en el Noreste del país.

El Conass recoge y procesa en Brasil los datos sobre la COVID-19 de los 26 estados y el distrito federal de Brasilia y los transmite al Gobierno.

A inicios de junio, el Ejecutivo decidió usar otros parámetros para calcular los contagios y muertes y creó una crisis que alcanzó la reputación internacional del país. Finalmente, se retractó y volvió a contar con las cifras de los gobiernos regionales.

La administración brasileña tiene desde hace más de dos meses a un ministro interino de la Salud, el general Eduardo Pazuello, debido a la renuncia en plena pandemia de dos ministros de esa cartera, quienes abandonaron sus cargos por discrepancias con el presidente Jair Bolsonaro, un escéptico de la dolencia.

Para el responsable del Conass, no se debería relegar ahora a Pazuello, con quien -consideró- se ha recuperado el diálogo entre administraciones regionales y federal.

Brasil, que cuenta con 210 millones de habitantes, cerró este miércoles con 67,860 nuevos casos de la COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario. El total de contagios asciende a los 2,227,514 y los fallecimientos se situaron en los 82,771.

Lula, de 38 años, fue elegido presidente del Conass a comienzos de julio por la renuncia de Alberto Beltrame, investigado por unas supuestas irregularidades en la compra de respiradores en el estado de Pará, donde ejercía como secretario de Salud.

P. ¿Cómo está la relación con el Gobierno federal?

R. Hubo un momento de ruptura (cuando el Ejecutivo omitió datos regionales en junio). La base de datos de ellos es la que nosotros les transmitimos, no construyen nada. Esos datos son ciencia, porque ayudan a trazar estrategias en el enfrentamiento de la enfermedad. Actualmente, no hay ninguna otra tentación (del Gobierno federal) de manipular o manejar los datos de manera poco transparente.

P. Lo que sucedió a inicios de junio resultó extraño. Incluso la Universidad Johns Hopkins, referencia internacional en la COVID-19, retiró los datos de Brasil de su plataforma.

R. Exactamente. Esos datos (del Gobierno) no serían confiables porque dejaban de informar el número de muertes, por ejemplo. Un absurdo. El Conass hizo un movimiento de resistencia entre los Secretarios (regionales de Salud).

P. ¿Qué tal con el ministro interino de Salud Pazuello?

R. Ha intentado mostrarse más próximo, nos ha llamado para hablar, recuperó el comité de crisis que había sido suprimido desde la salida de (Luiz Henrique) Mandetta (ministro cesado en abril). Aunque perdamos algún debate, nos escuchan. Por ejemplo, en la falta de medicamentos para intubar a los pacientes.

P. ¿Creen que debe ser relegado por alguien con más competencia técnica?

R. Como no tenemos mucho tiempo, la salida del general en este momento llevaría a muchos cambios en el ministerio. Sería el cuarto gestor en un año. El momento de salir, si fuera el caso, no es este. Cambiar sería deshacer lo que habíamos construido: diálogo con el Gobierno federal. Ya hubo grandes ministros de Salud que no eran del área, como José Serra (actual senador y economista de formación). Lo importante es de quién se rodea en el ministro. En este caso, sería mucho mejor que esos cargos de confianza sean de la salud pública.

P. En Brasil, además del Conass y el Gobierno federal, un consorcio de medios de comunicación informa sobre los datos de la COVID-19.

R. Como medida política, para distinguirse del Ministerio de la Salud, el consorcio empezó a divulgar sus datos. En general, la recolección de datos de ellos corresponde con los del Conass. Con el Gobierno federal, sin embargo, a veces diferimos. Ellos difunden los datos antes que nosotros (Conass). Al cerrar antes, pueden dar un número menor.

P. Los datos oficiales, los que tienen en cuenta organismos internacionales, son del Gobierno federal.

R. Sí. Y eventualmente puede haber una recogida de datos errónea (por parte de los organismo internacionales).

P. Por el tamaño continental de Brasil hay varias curvas en el país. ¿Qué es lo que más les preocupa?

R. El sur (estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná) y el centro-oeste (estados de Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul), a pesar de que ellos tuvieron tiempo para prepararse, en relación al norte o noreste del país, los primeros en ser afectados. Falta medicación para permitir la intubación de manera segura, para que el paciente no sufra, y esa es una falta grave. El ministerio está intentando hacer una gran compra internacional.

P. ¿Qué preocupa más a los Gobiernos regionales? ¿Faltas de pruebas de la COVID-19, distanciamiento social relajado, reapertura precoz, prescripción de la cloroquina?

R. La escasez de pruebas fue por una falta de estrategia, por la negación del Gobierno federal sobre la pandemia. Esa estrategia habría que haberla adoptado en el inicio. Luego hay mucha gente en el país con empleo informal, tienen que estar en la calle. Una cosa es volver al trabajo y otra tomárselo como si ya pasó todo. Hay gente que niega la enfermedad. Lo mismo con la cloroquina (con la que el propio Bolsonaro se ha tratado su infección de la COVID-19). Hay estudios científicos que demostraron que no tiene eficacia en ninguna de las fases de la enfermedad.

P. Ha habido varios casos de corrupción en los estados en la compra de material médico. ¿Cuál es la propuesta del Conass?

R. Solicité una audiencia con el órgano de control de la Unión para tratar ese tema. No podemos llegar al punto de decir que todas las compras fueron corruptas, ni afirmar que la corrupción no existe. Hay que plantarse cómo mejorar los procesos de compra y cómo aumentar la transparencia de nuestros actos. Hubo casos de compras de pruebas (COVID-19) en empresas que arreglan vehículos o compras de respiradores en empresas de vino. La legislación brasileña es mala porque no impide la corrupción y es demasiado burocrática si hay prisa en la adquisición.

P. De aquí hasta finales de año, ¿cuál es la previsión en número de muertes y contagios?

R. Muy mala. El primer puesto (en número de contagios y muertes totales) deberá ser para Estados Unidos, pero el segundo lugar será muy difícil que nos lo quite otro país. Tomamos todos los ejemplos negativos y los trajimos aquí. Sabiendo las condiciones de vida y sociales de aquí, que eran las ideales para la diseminación de la enfermedad, hicimos nada o muy poco para proteger a las personas. De algún modo, simboliza el fracaso de la nación en la lucha contra la enfermedad. Puede que lleguemos a una inmunidad, pero será por casualidad.

P. ¿Se llegarán hasta finales de año a las 120,000 muertes y tres millones de contagios?

R. Por lo menos serán casi el doble de fallecimientos de lo que registramos actualmente (unas 80,000). Serán 150,000 casi seguro. De contagios, el número está subestimado. Los casos reales serán hoy entre 6 y 8 millones.