El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha afirmado que su país no celebrará elecciones en un futuro próximo, una declaración que pone de relieve los esfuerzos del líder autoritario por prolongar su mandato de casi 20 años y que frustra las esperanzas de la oposición de que pueda atender sus demandas de celebrar unas elecciones democráticas.

El anuncio supuso, en la práctica, la cancelación de las próximas elecciones en Nicaragua, previstas inicialmente para noviembre de 2027, después de que el Congreso, controlado por el Gobierno, votara en enero de 2025 a favor de prorrogar un año el mandato presidencial de cinco años.

Ortega intervino el domingo con motivo del aniversario de la Revolución Sandinista, que derrocó la dictadura de Somoza en 1979 y lo llevó al poder por primera vez. Volvió a la presidencia en 2007 y, desde entonces, ha reformado la Constitución, ha aplastado a la oposición política y ha consolidado su control sobre prácticamente todos los poderes del Estado nicaragüense.

Desde las protestas masivas de 2018, que dieron lugar a una sangrienta represión gubernamental en la que murieron cientos de personas, Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, se han aferrado al poder.

Ortega se autoproclamó ganador de las elecciones de 2021 —unas elecciones consideradas en gran medida ilegítimas por la comunidad internacional— tras encarcelar a todos los candidatos que podrían haberle derrotado. Estados Unidos no reconoce la presidencia de Ortega.

«No habrá más elecciones», afirmó Ortega en un discurso en el que arremetió contra su adversario de toda la vida, Estados Unidos. «Los partidos creados por los yanquis, creados por el régimen de Somoza, que vuelven al poder… esa historia se ha acabado».

«Nunca, nunca, nunca», dijo al referirse a unas posibles elecciones futuras.

Los opositores y las organizaciones de derechos humanos afirmaron que el anuncio del domingo supone una escalada, ya que Ortega consolida aún más su control sobre Nicaragua.

Juan Sebastián Chamorro, un candidato de 2021 que permaneció entre rejas hasta que fue liberado y enviado a Estados Unidos en 2023 junto con más de 200 presos políticos, afirmó que el anuncio pone de manifiesto el plan que Ortega lleva tiempo gestando para consolidar el poder en manos del Partido Sandinista, a semejanza de otros países con regímenes de partido único como China y Cuba.

«Ortega y Murillo temen, evidentemente, que la más mínima apertura política pueda crear las condiciones para que se manifieste la disidencia y amenace su control del poder», afirmó Tiziano Breda, analista sénior para América Latina de ACLED, una organización independiente dedicada al seguimiento de conflictos.

«En lugar de organizar unas elecciones amañadas, han optado por eliminar por completo la competencia electoral», añadió.

Danny Ramírez Ayérdiz, abogado nicaragüense y fundador del Centro Interamericano de Asistencia Jurídica en Derechos Humanos —que investiga desde Argentina los abusos del Gobierno de Ortega y Murillo—, afirmó que el anuncio «pone de manifiesto el rostro de una dictadura que, sin ningún tipo de vergüenza, se ha afianzado en el poder».

«Esto apunta a un nivel potencialmente mayor de represión contra quienes exigen la destitución del Gobierno o la celebración de elecciones», afirmó Ramírez Ayérdiz.

Al menos 46 personas se encuentran entre rejas en Nicaragua por motivos políticos, según el grupo «Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos», que realiza un seguimiento de estos casos. Nicaragua niega que haya presos políticos en el país.

A raíz de la operación militar estadounidense que condujo a la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una redada llevada a cabo en enero, el Gobierno nicaragüense anunció que liberaría a más presos, al parecer en un intento por aliviar la presión a la que se veía sometido.

Sin embargo, no se ha realizado ningún seguimiento y ha habido poca transparencia al respecto. Al menos un activista encarcelado ha fallecido desde entonces.

En los últimos años, el Gobierno ha puesto en libertad a cientos de activistas, líderes religiosos y políticos encarcelados —entre ellos varios candidatos a las elecciones presidenciales de 2021— y los ha enviado a Estados Unidos y a Guatemala, privando a muchos de ellos de su ciudadanía nicaragüense y de sus pertenencias.

Los liberados describieron que habían permanecido recluidos en régimen de aislamiento y afirmaron haber sido sometidos a torturas físicas y psicológicas.

Desde 2018, Nicaragua también ha cerrado más de 5 000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles de personas a huir del país. A principios de julio, el Gobierno de Ortega y Murillo retiró la licencia para ejercer a un gran número de abogados, en lo que los expertos de la ONU calificaron como una «purga de la profesión jurídica».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.