El Ministerio Público de Paraguay imputó este sábado al recién destituido presidente Santiago Peña por dos cargos de corrupción vinculados a la quiebra de una importante entidad bancaria, escándalo que puso en jaque los ahorros de cientos de miles de depositantes y detonó la crisis política e institucional más profunda del país en más de una década.

En una conferencia de prensa en la capital paraguaya, la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Nancy Salomón, confirmó que Peña será procesado por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. De ser hallado culpable en ambos cargos, el exmandatario enfrenta penas de hasta 20 años de prisión.

Horas más tarde, el juez Humberto Otazú acogió la petición del Ministerio Público para embargar los bienes de Peña y ordenó su reclusión preventiva en una base militar mientras se desarrolla la pesquisa judicial, con el objetivo de “garantizar su comparecencia” en el proceso.

El colapso bancario que desató el juicio político

La convulsión política se desató el pasado martes cuando los reguladores financieros intervinieron Ueno Bank, congelando el acceso a los fondos de casi 3 millones de clientes. Legisladores de la oposición y fiscales denunciaron que Peña presuntamente utilizó su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares en fondos públicos hacia la entidad, mientras las agencias supervisoras ignoraban préstamos de alto riesgo otorgados a allegados.

Peña ha negado en reiteradas ocasiones haber cometido irregularidades.

La crisis precipitó su salida en tiempo récord. Aunque el mandatario intentó dimitir el jueves para mitigar la controversia, el Congreso rechazó su renuncia con el fin de despojarlo de la inmunidad constitucional que le confería el cargo y procedió a enjuiciarlo políticamente.

La noche del viernes, el Senado aprobó por unanimidad su destitución inmediata. Minutos después de la votación, la Fiscalía emitió una orden de arresto contra Peña y contra el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo.

“Debe irse, pero no a su casa. Debe ir a una prisión de máxima seguridad. La ciudadanía está harta de la impunidad”, increpó la senadora opositora Yolanda Paredes.

Por su parte, en un comunicado de despedida difundido antes de consumarse su remoción, Peña declaró: “No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”.

Juramenta un nuevo mandatario en medio de protestas callejeras

Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la jefatura de Estado y comenzó a estructurar su nuevo gabinete ministerial durante la jornada del sábado.

Entretanto, el Banco Central de Paraguay informó que aproximadamente 1.2 millones de clientes de Ueno Bank han recibido reembolsos parciales o totales de sus ahorros. Bajo la legislación paraguaya, las cuentas bancarias cuentan con un seguro de garantía que cubre depósitos de hasta unos $37,000 dólares.

La indignación popular sigue creciendo en las calles de Asunción y otras ciudades del país. Manifestantes que exigen la devolución total de su dinero se han enfrentado a las fuerzas de seguridad, las cuales han respondido con balas de goma y gas pimienta.

Para este lunes, el principal sindicato de maestros de Paraguay —que agrupa a más de 40,000 educadores— convocó a una huelga nacional por tiempo indefinido en reclamo de garantías para los fondos del sistema de retiro público. Asimismo, manifestantes concentrados frente a la sede fiscal exigieron que las investigaciones alcancen a las nuevas figuras del Ejecutivo por considerarlas parte del mismo círculo político de Peña.