Las autoridades rusas ilegalizaron el lunes a Amnistía Internacional y la tacharon de una “organización indeseable”, una etiqueta que, según una ley de 2015, convierte la participación con esas organizaciones en un delito penal.

La decisión de la fiscalía general de Rusia, anunciada en un comunicado en línea, se suma a la implacable represión contra los críticos del Kremlin, periodistas y activistas que se intensificó a niveles sin precedentes después de que Moscú invadiera Ucrania en febrero de 2022.

La designación significa que el grupo internacional de derechos humanos debe detener cualquier trabajo en Rusia y somete a enjuiciamiento a aquellos que cooperen con él o lo apoyen, incluso si comparten los reportes de Amnistía Internacional en redes sociales.

Amnistía Internacional no hizo comentarios de inmediato sobre la medida.

La lista de Rusia de “organizaciones indeseables” incluye ahora 223 entidades, incluidas destacadas agencias de noticias independientes y grupos de derechos. Entre ellas se encuentran organizaciones de noticias prominentes como Radio Free Europe/Radio Liberty o el medio independiente ruso Meduza, institutos de análisis como Chatham House, el grupo anticorrupción Transparencia Internacional y Open Russia, un grupo de oposición fundado por Mikhail Khodorkovsky, un magnate exiliado que se convirtió en figura de oposición.

Después de que Open Russia fuera declarada indeseable en 2021 y se disolviera para proteger a sus miembros, su líder Andrei Pivovarov fue arrestado y condenado por cargos de realizar actividades de una organización indeseable. Fue sentenciado a cuatro años de prisión y liberado en 2024 en el mayor intercambio de prisioneros con Occidente desde la época soviética.

Amnistía Internacional fue fundada en 1961. El grupo documenta e informa sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo y hace campaña por la liberación de aquellos que considera injustamente encarcelados. Ha publicado informes sobre la guerra de Rusia en Ucrania, acusando a Moscú de crímenes de lesa humanidad, y se ha pronunciado en contra de la represión del Kremlin contra la disidencia que ha afectado a miles de personas en los últimos años.

Las declaraciones recientes de Amnistía Internacional sobre Rusia incluyen la condena contra la sentencia de prisión impuesta a los activistas de monitoreo electoral Grigory Melkonyants como una “represión descarada y políticamente motivada contra el activismo pacífico”.

También se pronunció en contra de una serie de arrestos de profesionales de la publicación por supuesta “propaganda LGBTQ+” en libros. “Este uso desvergonzado y contundente del aparato estatal contra la literatura es tan absurdo como aterrador”, dijo Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional en Rusia.

En su declaración, la fiscalía general acusó al grupo de llevar a cabo “proyectos rusófobos” y actividades dirigidas a la “aislación política y económica” de Rusia.