MADRID. Un tribunal español rechazó el jueves una apelación de Airbnb y mantuvo en vigor una orden para bloquear casi 66,000 anuncios de alquiler que, según el gobierno, violaban las normas locales.

El gobierno ha manifestado que los alquileres a corto plazo de la plataforma agravan la crisis de vivienda en España, mientras el país recibe cifras récord de turistas.

El mes pasado, el gobierno español ordenó a Airbnb que bloqueara 65,935 anuncios en el país después de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 los señalara por violaciones. Indicó que Airbnb debía retirar inmediatamente 5,800 de ellos.

No se ha podido contactar a un portavoz de Airbnb para que comente sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El ministerio señaló que los anuncios identificados no incluían su número de licencia ni especificaban si el propietario era un individuo o una empresa. También indicó que en otros se listaban números que no coincidían con los que tenían las autoridades.

El mes pasado, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, dijo a The Associated Press que el sector turístico no podía “poner en peligro los derechos constitucionales del pueblo español”, incluidos su derecho a la vivienda y al bienestar.

Carlos Cuerpo, ministro de economía, expresó en una entrevista separada que el gobierno tenía que abordar los efectos secundarios no deseados del turismo masivo.