Cerca de 35 familias del sector La Cuesta en el barrio San Diego de Coamo se quedaron sin agua potable hace cinco semanas, tras un acto de vandalismo que atribuyen al nuevo dueño del terreno donde ubica el acueducto comunitario.

La controversia surgió cuando el hombre, alegadamente, llegó a la zona y encontró que no tenía el servicio de agua potable. El problema fue una avería que sería reparada por el encargado del mantenimiento del sistema, tan pronto culminara de trabajar.

No obstante, según el alcalde Juan Carlos García Padilla, la persona se airó con la situación y arrancó el contador de LUMA Energy, además de ocasionar daños en el cuarto eléctrico y romper la salida de agua.

Cabe destacar que, el acceso al pozo era parte de un acuerdo legal con el anterior propietario de la finca, don Ramón Sánchez, ya que la comunidad no cuenta con el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), al estar en un lugar remoto.

Así han permanecido desde la década del 60 y por eso requirieron de un conducto seguro que garantizara el suplido del líquido en el sector donde residen 93 personas, incluyendo seis encamados, adultos mayores y cinco niños menores de 12 años.

“No entendemos la actitud del dueño, Daniel Eisenmann, al decir que la comunidad construyó el pozo ilegalmente. El pozo fue construido por el dueño original y, a través de un afidávit, puso el pozo a disposición de la comunidad para que lo use. Ahora, llega este señor aludiendo que la finca y el pozo es suyo”, recordó.

“Se le explica que el pozo es comunitario, que la comunidad tiene acceso, porque son derechos adquiridos a través de la Ley 136, que provee para eso y que el DRNA (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales) es la agencia que faculta a la comunidad para que así sea”, destacó.

Señalan que Daniel Eisenmann ocasionó daños en el cuarto eléctrico y rompió la salida de agua del pozo que servía como acueducto comunitario.
Señalan que Daniel Eisenmann ocasionó daños en el cuarto eléctrico y rompió la salida de agua del pozo que servía como acueducto comunitario. (Suministrada)

Según García Padilla, el hombre propuso “venderle el agua a la comunidad, como si fuese un negocio privado”, pero los vecinos no aceptaron su propuesta.

“La comunidad no accedió, porque la Ley 136 le faculta para tener derechos sobre el pozo. Son derechos adquiridos porque es un acueducto comunitario. Incluso, la ley habla de que muchos acueductos comunitarios están hincados en terrenos privados y la ley les provee para que no se les prive el acceso al mismo”, advirtió.

De hecho, cada familia aporta $20 mensuales para los gastos relacionados al mantenimiento del sistema.

El propietario aclaró que “tuve que pagar por remover el contador e ir y llevárselo a LUMA".
El propietario aclaró que “tuve que pagar por remover el contador e ir y llevárselo a LUMA". (Suministrada)

Asegura toma de agua es ilegal

El dueño de la finca, Daniel R. Eisenmann Avilés, tildó de ilegal la toma de agua en el pozo que ubica en su propiedad, la cual adquirió en noviembre de 2021 a inversionistas de Nueva York, con el interés de desarrollar un proyecto agrícola.

En entrevista con este diario, destacó que, lleva dos años tratando de solucionar la situación, de manera que la comunidad no se afectara, pues el pozo está dentro de su propiedad.

“Nosotros tratamos de hacer un acuerdo con el alcalde donde la idea era darle al municipio un término de tiempo predeterminado, dos, tres, cinco años… el tiempo que fuese, para que ellos pudiesen buscar una fuente diferente de agua”, aseguró.

Asimismo, señaló que el acueducto comunitario registrado “con el Departamento de Salud de Puerto Rico y con la EPA, no es el pozo, sino una represa que tienen más arriba de la finca donde ellos estaban extrayendo agua superficial”.

“Hubo una reunión con el municipio, el DRNA y mi abogado donde se determina que ellos (la comunidad) no tienen derecho al pozo, porque es un pozo de propiedad privada. Ese pozo está sin franquicia desde 2007, porque no son dueños de la propiedad. Ese pozo ha estado operando ilegalmente por años, desde que ellos lo empezaron a usar en 2015″, resaltó.

“A través del alcalde, ellos establecieron servicio eléctrico dentro de la propiedad privada y eso también es ilegal, porque ellos no tienen la titularidad de la propiedad y no pueden poner un contador eléctrico dentro de una propiedad privada. Utilizaron recursos y conexiones del municipio para poder conectar la electricidad”, sostuvo.

Aclaró que “tuve que pagar por remover el contador e ir y llevárselo a LUMA. La comunidad volvió de nuevo y el alcalde metió la cuchara para que ellos pudieran hacer una querella, en propiedad privada de un tercero”.

“Tuve que volver a Puerto Rico de donde estoy en Estados Unidos para poder quitar el contador (el segundo que instalaron) porque debían más de $5,000 de cuenta de electricidad. No estaban pagando ni agua, ni luz porque no le estaban pagando a Recursos Naturales”, insistió.

“La última interacción que tuve con la comunidad que le pregunté al líder, cómo van a resolver la situación con la electricidad, porque no puedo tener personas ingresando a mi propiedad y que le vaya a pasar algo alguien y yo soy el responsable, porque la propiedad es mía. Se les pidió que establecieran una póliza de seguridad pública y tampoco lo hicieron”, resaltó.

Así las cosas, Eisenmann -quien es militar activo desde hace dos décadas-, lamentó “la situación en la que están ahora”.

“Todo esto fueron los pasos que se han ido llevando desde la forma legal con la intención de que la comunidad no perdiera el agua, que tuvieran los recursos de una forma en que tampoco me afectaron a mí, porque yo pagué dinero por esa finca para hacer un proyecto y tampoco me voy a sentar porque es que la comunidad necesita el agua. Eso no era”, confesó.

Sin embargo, “no me conviene hacer ningún trato con ellos a menos que esté en papel y firmado. Yo no puedo hacer acuerdos de boca con nadie ahí porque bien claro me han dejado saber que tan pronto me duerma con ellos, me van a pegar la puñalá por la espalda”.

Vecinos se expresan angustiados

El tesorero de la Asociación de Residentes, Noel Rivera, manifestó que “estamos sufriendo por esta situación. El agua es primordial”.

“Ver a estas personas que están encamadas, estos calores que son inmensos ahora, no se pueden bañar si tienen calor y los encamados necesitan el servicio. Uno no se siente bien y él sigue en la libre, como si nada. Alguna repercusión tiene que haber contra ese señor”, lamentó.

“Gracias al municipio que nos está suministrando el agua en un camión, arriesgando a su personal porque no es fácil llegar a donde está el tanque. Si llueve no pueden venir, porque es bien riesgoso”, insistió.

Igualmente, su vecina Josefina López Arriaga, de 66 años, admitió que, “estoy emocionalmente afectada con todo esto. Ese señor está actuando de mala fe y, sin embargo, le sirve al Ejército. Esto es una tensión bien grande”.

De otra parte, esta situación obligará a que la comunidad pierda una ayuda de $13 mil, otorgada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que estaba destinada a la adquisición de un generador eléctrico que, garantizaría el acceso al agua, aun cuando se interrumpa el servicio de LUMA.

Al entrar en conocimiento del problema, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, emitió una orden de cese y desista contra Eissenmann, el pasado 2 de junio.

No obstante, al parecer todo quedó ahí y, por eso, la comunidad acudió al Tribunal de San Juan, a donde sometió un recurso para que ordene al DRNA a que actúe y, le permita la entrada al acueducto para repararlo.

Según el alcalde, “el tribunal emitió una orden el pasado viernes, 30 de junio, dándole cinco días al DRNA para que diga por qué no ha actuado”.

“Lo que queremos es que, baje la orden del tribunal o del DRNA, dándole acceso a la comunidad al pozo y hacer valer la orden para que esta persona desista de seguir hostigando a la comunidad a través de rótulos, escritos, llamadas y de vandalismo”, confesó.

“Esta persona puede acudir al tribunal para alegar que la propiedad es suya y eso no es problema, se litiga. Lo que no se le puede permitir, ni por la Policía de Puerto Rico, ni por el DRNA, es el daño a la propiedad ajena que era el cuarto eléctrico y el contador que es de LUMA”, manifestó.

Igualmente, advirtió que el municipio llegará hasta las últimas consecuencias para hacerle justicia a la comunidad.

“Esto no tiene perdón y no hay manera de negociarse. Es un acto que debe tener repercusiones. De igual manera, el municipio, una vez comencemos el proceso de rehabilitar el pozo, va a demandar a este señor por los gastos que hemos tenido”, concluyó.