La exsenadora Mari Tere González López regresó este jueves al tribunal de San Juan para una vista argumentativa en la que su abogado Yuseph Lamboy intentó demostrar ante el juez Aldo González Quesada que los 12 cargos de perjurio, falsedad ideológica, y posesión y traspaso de documentos falsificados que pesan en su contra no tienen base para sostenerse.

Los cargos se relacionan a los informes financieros que sometió González López ante la Oficina de Ética Gubernamental cuando era senadora, como se le exige a todo legislador. En dichos documentos, según se le imputa en las acusaciones radicadas por el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), habría mentido en la información que sometió relacionada con la renta de un apartamento.

El abogado Lamboy argumentó que los cargos están estrechamente relacionados a otro cargo de violación a la Ley de Ética Gubernamental en que se le imputaba a la exlegisladora popular utilizar su posición como servidora pública para beneficiarse, que no prosperó en su vista preliminar a principios del año pasado, y que según Lamboy era el cargo principal de todas las acusaciones contra su clienta. Dicho cargo imputaba a González López haber recibido beneficios económicos por vivir sin pagar alquiler en un apartamento, que pertenecía a un socio del convicto contratista y recaudador popular Anaudi Hernández, al que habría favorecido con otras acciones a cambio del ahorro de no pagar esa renta.

El abogado también argumenta que, incluso si se aceptaran como ciertas las imputaciones del PFEI, comoquiera no tienen jurisdicción para proceder contra su clienta porque la Ley de Ética Gubernamental indica que solo podría ser sancionada por sus pares, o sea, otros legisladores.

De hecho, Lamboy sometió a último momento otra moción adicional abordando el tema de jurisdicción, que no fue debatida en esta vista porque los fiscales especiales independientes Leticia Pabón y Ramón Mendoza pidieron tiempo para poder examinarla y contestarla.

En su explicación ante el juez, Lamboy insistió en que la teoría de la relación de González López con Anaudi “no duró ni cinco días” en la vista preliminar, y que su clienta probó que no cometió violación alguna, cuando fueron confrontados Anaudi y su socio Héctor Vargas.

“Y si no procedió ese caso, no proceden estos cargos accesorios, porque están atados”, afirmó. “El caso principal que motiva esta acción judicial no fue validado. Entonces, es un contrasentido hallar causa en 12 denuncias accesorias, si no la hay en el cargo principal”.

Argumentó además que no se puede adjudicar intención criminal a su clienta, porque ella enmendó el error que había en sus informes financieros, aclarando la deuda que tenía por el alquiler del apartamento, que fue pagada en su totalidad. Explicó que, incluso, al tratar de presentar la enmienda, su cuenta había sido bloqueada por Ética Gubernamental, y que aun así ella sometió el documento personalmente. Dijo además que el propio perito de Ética Gubernamental presentado como testigo de la fiscalía había admitido que “en Puerto Rico se enmiendan informes todos los días”.

“Ella pagó al dueño del apartamento, y pagar tarde no es un delito. ¿Por qué se quiere establecer un trato desigual contra ella?”, cuestionó Lamboy.

Pero el fiscal Mendoza ripostó que no se trataba de un caso principal y otros accesorios, y que existe “prueba extensa” al respecto. Insistió en que se trata de cargos relacionados a la obligación que tenía la imputada como senadora de someter informes financieros veraces.

“A la imputada le constaba que era totalmente falsa la información que sometió. Y esa conducta criminal se repitió por varios años”, afirmó. “Ella indica que estaba pagando renta y que no existía deuda, cuando había una deuda acumulada a través de todos esos años (2013 a 2016)”.

Insistió en que, aun cuando enmendó la información, ya el delito se había cometido varias veces.

“No es que trate de enmendar. Es que dice, ya te mentí, voy a tratar de corregir esto. Pero ya está el delito cometido, ya mentiste bajo juramento”, reiteró Mendoza. “Ahora quiere que pensemos que se equivocó. Pero está la prueba, por escrito, año tras año”.

“Lo único que tenía que hacer la acusada es decir la verdad de lo que estaba sucediendo. Tú no puedes ir a mentirle a Ética Gubernamental”, insistió Mendoza. “Entendemos que los elementos de los delitos están debidamente apoyados en la prueba que aquí se trajo. Con todo respeto, solicitamos la desestimación de lo que pide el abogado”.

El juez estaría atendiendo las mociones de la defensa próximamente y pautó una vista de seguimiento de los procedimientos para el próximo 9 de julio.