El fundador del santuario Horse & Pons Inc. Luis González, hizo un llamado al gobierno para que enmiende el protocolo de la Administración de Servicios Generales (ASG) que dispondría de los caballos que serán dados de baja de la Unidad Montada, en su opinión, como si se tratara de autos chatarra. 

Como parte del cierre de cuarteles y la consolidación de unidades que comenzó el 1 de octubre, el Negociado de la Policía anunció el cierre de la Unidad Montada que cuenta con 31 caballos de los cuales dos van a ser sometidos al proceso de eutanasia por un veterinario y ocho que fueron comprados con dinero del gobierno federal los cuales pertenecen al Departamento de Justicia, cuya titularidad se solicitará para que la ASG continúe con su disposición.  

“La primera dama debe ayudar en esto hay caballos que llevan tiempo esperando para ser eutanizados por tener condiciones que no tienen rehabilitación y por el proceso de (la Administración) de Servicios Generales no se ha hecho. Estos caballos merecen un retiro digno siempre no ha dicho son vida esto no es un carro dañado que tiras en un lote por eso el protocolo para los caballos debe ser diferente”, indicó González.

El costo conservador de mantener un caballo es de unos $10,000 y podría aumentar por complicaciones de salud, aclaró Abimelec Pérez, director del Negociado del Servicio Administrativo.

“El protocolo de (la Administración de) Servicios Generales, que indica que son propiedad del gobierno lo tienen que cambiar porque esto es vida no es una chatarra ese protocolo tienen que caballo”, aseveró González.

Su organización sin fines de lucro, con instalaciones en Las Piedras, es la que provee asistencia a la Policía cuando uno de estos animales resulta herido, es encontrado en mal estado u obstruyendo la vía pública.  

Sin embargo, durante la pasada administración González no logró que se le donara un carretón que se iba a decomisar porque el reglamento establece que tenía que ser aplastado como chatarra para disponer de él. 

De hecho, la agencia va a conservar los ocho carretones que tienen para atender los casos de violaciones a la Ley 154 para el Bienestar y Protección de los Animales, según lo confirmó ayer, miércoles, el comisionado de la agencia Henry Escalera Rivera. 

González indicó que el gobierno tiene que disponer de estos animales de otra manera porque el inventario de la propiedad de la ASG tiene como primera opción los agricultores cuando deberían vivir en un santuario o utilizarlos para terapias y no para ese tipo de trabajo. 

“Que sea un retiro digno, ellos trabajaron por el país, que no los pongan a trabajar en agricultura pueden servir como animales de terapia pueden ir al santuario para que estén en libertad”, sostuvo González, quien aboga por una mejor calidad de vida para los equinos los cuales tampoco están adiestrado para ejercer otras funciones.