La Fiscalía federal en Puerto Rico y el Municipio de Sabana Grande llegaron a un acuerdo monetario tras la investigación de un caso por el uso irregular de fondos públicos, según informó este lunes a través de un comunicado el fiscal de Estados Unidos para la isla caribeña, Stephen Muldrow.

Muldrow informó de que el Municipio desembolsará una compensación tras una investigación que se remonta a abril de 2014, cuando el Municipio de Sabana Grande, junto a representantes del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) e Irving Torres, a través de su empresa Administrative, Environmental and Sports Consultans (AESC), formalizaron un contrato en el que se incluían fondos aportados por el Departamento de Educación federal (USDE, en inglés).

En el contrato, el Municipio de Sabana Grande subcontrató al Copur y AESC para que proporcionaran capacitación a maestros de escuelas públicas de Sabana Grande.

Con base a las reglas que rigen los fondos de subvención del USDE proporcionados al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), el Municipio de Sabana Grande no podía subcontratar los servicios de capacitación de maestros a entidades no gubernamentales.

El Municipio de Sabana Grande no cumplió con esa norma y presentó y envió declaraciones y registros falsos al DEPR con el propósito de obtener fondos federales.

Una investigación realizada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y la Oficina del Inspector General mostró que la falsa información presentada hizo que el DEPR desembolsara aproximadamente 1.7 millones de dólares al Municipio de Sabana Grande, que luego pagó la suma de 1.3 a Copur violando los estatutos aplicables del programa y regulaciones.

Posteriormente, Copur desembolsó otros 439,587 dólares como costos del proyecto, 375,449 para AESC y retuvo la suma de 563,174 dólares como ingresos para servir como intermediario entre el Municipio de Sabana Grande y AESC.

De conformidad con el acuerdo de conciliación entre el Municipio e Sabana Grande y la Fiscalía, la entidad municipal acordó desembolsar como compensación 500,000 dólares.

El 23 de octubre, antes de la presentación de la demanda contra el Municipio de Sabana Grande, Copur había pagado a la Fiscalía otros 700,000 dólares, de conformidad con un acuerdo de solución extrajudicial alcanzado con los Estados Unidos.

Además, las autoridades federales confiscaron más de un millón de dólares de cuentas bancarias pertenecientes a Torres en relación con cargos penales presentados contra él.

El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José Torres, anunció el pasado julio la presentación de una resolución para investigar el uso y administración de los fondos públicos asignados al Copur durante los últimos cinco años.

"Vamos a radicar una resolución para investigar como se usan los recursos del estado en el Copur y cual fueron los protocolos utilizados para ofrecer los servicios de la empresa AESC", agregó.

El Copur aseguró en esa fecha, tras el arresto la semana pasada del alcalde de Sabana Grande, que las autoridades les han solicitado información y asistencia en relación a la investigación en curso y que continuarían brindando "toda la ayuda que sea necesaria y solicitada en relación a ésta o cualquier otra".