El gerente de la AAA Armory, Víctor González García, advirtió que  la vigente Ley de Armas y el Proyecto del Senado 439, que pretende derogar el estatuto, tienen visos de inconstitucionalidad. 

El empresario  argumentó que la ley ni el P del S 439 se amparan    en las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que establecen como un derecho fundamental del ciudadano la posesión y portación de armas protegido bajo la Segunda Enmienda de la Constitución, sino en que tener un arma de fuego es un privilegio. 

González García establece que viola la Constitución al asignarle privilegio  a un funcionario  u otra persona sobre el derecho fundamental de un ciudadano para adquirir la licencia de tener y poseer un arma de fuego.

“Si va a reconocer personas privilegiadas como funcionarios en el proceso de expedición de licencias ¿dónde está el derecho? Unos no son mejores que los otros, entonces sigue siendo inconstitucional”, sostuvo el experto en armas de fuego.

Recordó que a través de los años se han presentado varios interdictos en los tribunales porque la Policía se ha tomado la atribución de visitar residencias de ciudadanos que poseen licencias de armas para hacer registros, sin un  motivo, mientras que al momento de intervenir con un delincuente están obligados por ley a solicitar una orden de registro y allanamiento.

Aclaró que en Puerto Rico la Ley 404-2000 establece controles rigurosos para la venta y tenencia de armas para el ciudadano responsable, pero no para el delincuente. 

Anunció que  pasado mañana,  su armería auspiciará  el Conversatorio Ley de Armas de Puerto Rico, que se efectuará  en el Club Rotario en Río Piedras, de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.

Al momento, están activas 85,937 licencias de portación de armas.