El licenciado Michael Corona, abogado de defensa del policía Jorgelito Hernández Ramírez, cuestionó hoy la decisión del fiscal auxiliar Carlos Rivera Llorens de acudir por tercera ocasión en alzada contra su cliente. Esto sin presuntamente haber prueba que sostenga las acusaciones que pesan en su contra de destrucción de evidencia y tentativa de asesinato durante una intervención policíaca.

El fiscal radicó una moción el 14 de mayo solicitando que se lleve a cabo una vista en alzada ya que no está conforme con la determinación de no causa para arresto emitida por la jueza Arlene de la Matta Meléndez, del Tribunal de Carolina, el 23 de abril, contra Hernández Ramírez, adscrito al precinto de Piñones y solicitó que se citara el caso para el 30 de mayo.

“La política del Departamento de Justicia con la jefa de los fiscales (Olga) Castellón es que van en alzada de todos modos no importa si el caso no tiene vida, eso me parece una barbaridad”, comentó Corona, quien insistió en que la evidencia es exculpatoria.

Los hechos ocurrieron el 1 de marzo del 2018 tras recibirse una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se notificaba que había un hombre en actitud agresiva en la carretera PR-187 del sector Vacía Talega en el barrio Piñones en Loíza.

A eso de las 4:25 p.m. los agentes Hernández Ramírez y Julio Rivera Pastrana, ambos patrulleros del precinto de Piñones, llegaron al lugar donde presuntamente Carlos Ayala Ayala había golpeado a su padre que estaba ensangrentado y huyó corriendo por la carretera.  

En medio de un arranque de ira comenzó a golpear vehículos estacionados frente a negocios hasta que los policías lo divisan y Rivera Pastrana se bajó de la patrulla para poner al individuo bajo arresto quien se alega que lo golpeó con los puños en el rostro cuando se disponía a utilizar el dispositivo eléctrico taser.

Acto seguido, el hombre que mide unos seis pies de estatura y pesa unas 200 libras, se dirigió hacia Hernández Ramírez que estaba al volante le propina varios puños en el rostro.

“Mi cliente saca el taser, le dispara (los dardos) y falla (por lo que no recibió la descarga eléctrica), el individuo sigue dándole y él se ve obligado a sacar arma y le da tiro en el hombro”, agregó Corona, quien fue contratado por el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa. 

El herido fue transportado por familiares hasta un hospital y sobrevivió. 

Los policías comenzaron a ser rodeados por la multitud, mientras el agente Hernández Ramírez era agredido por lo que una sargento los escoltó fuera de la escena, en medio del suceso el peine cargado de su pistola Smith & Wesson se le cayó y fue recuperado por un ciudadano que se lo entregó posteriormente al fiscal dentro de una bolsa vacía de golosinas, por tal razón Corona estableció que en el caso de destrucción de evidencia por supuestamente desaparecer el cargador de la pistola no procede.

“Se le cae el peine de la pistola un particular lo recoge fue hasta el fiscal Rivera Llorens, le entrega el peine en una bolsa de Doritos, pero el fiscal acusa a mi cliente de desaparecer el peine y destruirlo, no entiendo en eso”, aseveró Corona. 

El caso no prosperó en Regla 6, acudieron en alzada y la jueza Gretchen Curbelo determinó causa para arresto. Luego en vista preliminar la jueza Arlene de la Matta Meléndez al evaluar la prueba halló no causa.

“La juez determina no causa para sorpresa piden moción en alzada, ellos van a pedir una vista preliminar en alzada, no entiendo porqué lo van a hacer si han quedado maltrecho en estas vistas.

De su lado, Figueroa, cuestionó porqué el fiscal está acusando a una persona por destruir una evidencia que se la entregaron intacta e indicó que con su acción podría estar violando los cánones de ética.

“Esto ha sido escandaloso”, exclamó.

La fiscalía también solicitó al tribunal que se cite como testigo de la fiscalía el agente especial Miguel A. Fonseca Torres, del Negociado de Investigación Especial (NIE).