Un juez desestimó hoy la demanda presentada contra el comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera, y el gobierno de Puerto Rico, para que se impugnaran las escoltas del renunciante gobernador Ricardo Rosselló dentro y fuera del País.

Además, buscaba que se detuvieran los pago con fondos públicos para sufragar la seguridad privada.

El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, declaró “ha lugar” a la moción de desestimación presentada por la parte demandada.

“En consecuencia se dicta sentencia desestimada la demanda en su totalidad, por haberse tornado académica la controversia”, se desprende de la sentencia.

Para el demandante, el licenciado Orlando Aponte, Rosselló no tiene derecho a tener guardias personales ya que no cumplió su término como gobernante. Es por esto que le solicitó al tribunal que emita una sentencia declaratoria en la que explique la aplicabilidad para un funcionario que no estuvo en el cargo el tiempo requerido.

Sin embargo, el juez aseguró que esta petición no procedía en derecho y que sus expresiones en una sentencia declaratoria serían “innecesarias” ya que no le brindan mayor fuerza o validez a una ley.

Además, Aponte le pedía a la Corte que emitiera un mandamus para que le ordene al comisionado de la Policía a detener inmediatamente el pago de escoltas con fondos públicos.

“El recurso presentado por el demandante no cumplo con los requisitos mínimos de este tipo de recurso extraordinario. Nos parece extremadamente sorprendente la creatividad de la parte demandante al solicitar que emitamos ‘un mandamus para que le ordenemos al comisionado de la Policía, Henry Escalera, que cese y desista de sus instrucciones impartidas al Negocidado de la Policía de Puerto Rico para proveerle escoltas al Sr. Ricardo Rosselló Nevares cuando regrese a Puerto Rico”, lee el documento.

Rosselló renunció el pasado 2 de agosto a las 5:00 de la tarde. Cuatro días después, se supo a través de Escalera que, Pedro Pierluisi –quien se autojuramentó como gobernador y luego fue destituido por el Tribunal Supremo– ordenó “de manera excepcional” la designación de escoltas.

Posteriormente, tras Wanda Vázquez juramentar como gobernadora, reevaluó y estuvo de acuerdo con las escoltas a Rosselló para brindarle seguridad a su familia fuera del País, informó el secretario del Departamento de Seguridad, Elmer Román.

Sin embargo, a mediados de agosto, trascendió que la primera ejecutiva ordenó que los tres agentes que se encontraban en Estados Unidos con Rosselló regresaran al País y cesaran sus funciones el 2 de septiembre.