La representación legal del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) y el Concilio Nacional de Policías (Conapol) radicará una moción en el Tribunal de San Juan para que se reabra el pleito incoado ante el incumplimiento del gobierno en el pago de la deuda millonaria por ajustes en escalas salariales, tras surgir información de que existe una partida presupuestada en el fondo general a esos fines. 

Si se confirma que los $122 millones están en el fondo general -destinados para el pago de la deuda- la moción exigiría que se les dé prioridad a los demandantes, a quienes una compañía de auditores ya les calculó el dinero adeudado hasta el 2011; y que también se les estime y pague la partida restante hasta el 2018. 

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) respondió por escrito que “esa información todavía no ha sido validada”. 

Según los cálculos entregados al Tribunal Superior, hasta el 2011 la agencia les adeudaba a unos 4,356 oficiales $33,941,791. En la lista hay policías activos, retirados y de otros gremios que fueron certificados cuando Héctor Pesquera era el superintendente de la Policía. 

El primer paso será la notificación al licenciado Manuel Díaz Lugo, del Departamento de Justicia, quien suscribió los acuerdos antes de aprobarse la Ley Promesa, y proceder con la radicación de la moción para el cobro de la deuda. 

“Lo que procede ahora es que se haga una moción al tribunal notificando que el gobierno, según se ha hecho público, ha identificado unos fondos para el pago de la deuda existente con los policías y que, obviamente, siendo estas las personas que tienen el caso incoado, que se les dé prioridad entonces para pagar a los que están dentro del pleito, que ya los casos están debidamente trabajados, y que los cómputos están hechos, que son los del caso de FUPO y del caso de Conapol (que se unió posteriormente a la demanda)”, indicó el licenciado Fernando Santiago, abogado de FUPO. 

De su lado, Diego Figueroa, presidente de FUPO, indicó que existe la posibilidad de que su petición sea remitida a la jueza Laura Taylor Swain, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, designada para atender el caso de la petición de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley PROMESA, y sea ese foro el que decida cómo se haría el desembolso del dinero. 

“Nosotros vamos a ir donde el juez para reabrir el caso para que los demandantes tengan prioridad sobre ese dinero. Pero tenemos miedo de que el juez mande esto para la corte de quiebras de Swain, porque muchos de ellos hicieron la reclamación; que se incauten los chavos si es que existen y entonces empiecen a pagar de $25 a $25”, sostuvo Figueroa.

El licenciado Santiago aclaró que la Asociación de Policías Organizados (APO) no es parte de su pleito, ni ha radicado ninguna reclamación al tribunal, al tiempo que explicó que el Negociado de la Policía tendría que hacer los cómputos del resto del grupo de agentes que no están en la demanda radicada en el 2008 retroactiva al 2006. 

“La idea es que se les pague a los que están en el pleito que lleva más de diez años, los aumentos son del 2004, estamos hablando de cerca de 14 años desde que se debieran haber pagado esos aumentos y entonces que se les dé prioridad a los que están en el pleito para salir de eso de una vez”, se reafirmó Santiago. 

Además, en el pleito trascendió que hay 1,054 demandantes que no aparecían en la base de datos de la Oficina de Nombramientos y Cambios de la Policía los cuales también tienen derecho a recibir el pago de la deuda con prioridad.