Falta personal de José “Piculín” Ortiz
Al tratarse de un arresto de alto perfil, las agencias federales no ofrecieron información hasta la celebración de una conferencia de prensa.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 14 años.
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En la cancha de baloncesto era el capitán que todos parecían respetar y admirar, pero José “Piculín” Ortiz Rijos cayó en desgracia cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dieron con su invernadero de marihuana a eso de las 6:30 p.m. del miércoles en una casa que alquilaba en el camino Las Parras del barrio Toita de Cayey, el mismo pueblo que lo vio nacer y desarrollarse como una leyenda del deporte.
Ortiz Rijos recibió a los agentes en su hogar con una orden de allanamiento firmada por la jueza presidenta del Tribunal Federal, Aida Delgado, sin ofrecer ninguna resistencia, de hecho, realizó varias admisiones que ahora forman parte de su historial delictivo. Confesó que era el dueño de las plantas de marihuana.
“Antes de entrar a la mencionada residencia, los agentes observaron a José Rafael Ortiz Rijos caminando en la planta superior de la residencia. Los agentes entraron a la planta baja de la residencia y encontraron un invernadero de marihuana, que contenía unas 218 plantas”, dice la denuncia firmada por un agente de ICE. Según se desprende del documento oficial, las autoridades incautaron equipo para el cultivo de marihuana, documentos y 40 balas de calibre 5.56, que se pueden utilizar para un rifle de asalto AR-15. Entre los artículos confiscados también hay una libreta que contenía instrucciones para cultivar cannabis. Luego que los agentes le notificaran sobre sus derechos, el atleta “indicó que residía en la propiedad, aceptó responsabilidad y admitió que el invernadero y sus plantas le pertenecían”, reza la acusación.
Al tratarse de un arresto de alto perfil, las agencias federales no ofrecieron información hasta la celebración de una conferencia de prensa que encabezó la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, junto con el director de ICE-HSI, Roberto Escobar Vargas.
Rodríguez Vélez señaló que el invernadero del baloncelista era grande por la cantidad de plantas que contenía y estimó su valor en $150,000. Precisó, además, que ICE-HSI advino en conocimiento del cultivo mediante una confidencia hace cerca de un mes, aunque no pudo precisar si el acusado cultivaba y vendía la droga con otras personas.
“(El arresto de Piculín) me dio mucha pena, pero no me sorprendió. Hemos visto unos casos muy tristes y tuvimos que hacer lo que siempre hacemos. Por eso se acusó”, dijo la jefa de los fiscales, que tan reciente como el pasado miércoles anunció el arresto del presidente de una unión y un líder comunitario que aparentemente lideraban una poderosa organización criminal de la barriada La Perla.
Por su parte, Escobar señaló que Piculín se adjudicó toda la responsabilidad del cultivo, el cual se encontraba en diferentes etapas de crecimiento.
“Fue bien cooperador. Él admitió que todo era de él y que no había más nadie envuelto”, señaló el alto funcionario federal, quien adelantó que la pesquisa intentará identificar a otros posibles culpables, independientemente de las aseveraciones hechas por el ex jugador de la NBA que para muchos en el deporte fue el jugador de baloncesto puertorriqueño más importante a nivel internacional por sus ejecutorias en Olimpiadas y en equipos europeos.
Cerca de media hora después de haber finalizado la conferencia de prensa, Piculín llegó al Tribunal Federal escoltado por varios agentes del ICE, que a su vez lucían decepcionados por el arresto. En la sala de la magistrada federal Camille Vélez, el ex atleta clavó su mirada en algunos de los periodistas que tomaron asiento en uno de los bancos. Mientras tanto, la ex esposa de la estrella deportista, Nirita Ruiz, madre de una hija del baloncelista, no podía contener las lágrimas y su semblante lucía desencajado.
Entre los presentes se encontraban además viejos amigos y colegas de Piculín, como el productor y promotor Angelo Medina, el dirigente de los Cangrejeros de Santurce, Rolando Hourruitiner, y Ricardo Carrillo y Yum Ramos Perales, el ex coapoderado y el actual coapoderado, respectivamente, de este equipo de baloncesto.
Pero antes de celebrarse la vista, los fiscales federales y el defensor público asignado a Piculín llegaron a un acuerdo mediante una estipulación para que el ex atleta recibiera tratamiento en un programa de rehabilitación. Aunque usualmente las personas acusadas por distribuir sustancias controladas permanecen ingresadas en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo hasta su vista de fianza, las partes podrían llegar a otro acuerdo sobre este asunto antes de que Piculín comparezca a una vista preliminar pautada para el 26 de julio.
Algunos de los amigos de Piculín aseguraron que éste padece de una adicción. “José tiene una enfermedad, una adicción, pero estoy esperanzado de que se pueda levantar”, sostuvo Carrillo a su salida del Tribunal Federal.
Medina, por su parte, aseguró que la droga es un mal social que ha arropado a la Isla por completo. “Éste es un momento triste, pero sabemos que la madera detrás de Piculín es buena. Él va a poder sobrepasar esta crisis. La gloria que nos dio es tanta que vamos a reflexionar sobre este momento y darle un voto de confianza”, dijo Medina.
A pesar de que la gran mayoría de los acusados que son referidos a programas de rehabilitación salen por la puerta principal de la instalación, el baloncelista aparentemente fue trasladado fuera del tribunal mediante una salida que es reservada para los jueces federales del distrito.
Como presunto productor y distribuidor de la sustancia controlada, la leyenda de baloncesto enfrenta una sentencia mínima de cinco años de cárcel y una máxima de 40 años.
La Fiscalía Federal subrayó que el cultivo de marihuana para su distribución y venta en los puntos de drogas contribuye a la violencia que azota al país. Las autoridades federales realizan de uno a dos allanamientos de invernaderos de marihuana anualmente, y el arresto de Piculín coincide con la creación de una nueva unidad doméstica antidrogas en la Fiscalía Federal. “Esto debe enviar un mensaje”, asestó Rodríguez Vélez.