El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos desde finales del 2018 ha retrasado el proceso de subasta para la contratación de la compañía que estará a cargo de la instalación del sistema de detección de disparos, el cual depende de una asignación de fondos federales bajo un programa que administra el Departamento de la Vivienda.

El centro de vigilancia del sistema computarizado conocido como “ShotSpotter”, que es el nombre de la compañía que fue contratada desde el 2013, se encuentra bajo el “Fusion Center”, un organismo de la Policía de Puerto Rico que recopila y comparte información de inteligencia con agencias federales, policías estatales y municipales, entre otras entidades. 

“Los detectores que triangulaban la información de los disparos fueron liquidados por el huracán María y después venció el contrato con el Departamento de la Vivienda, fue cancelado. Al día de hoy, están en negociaciones, pero cuándo será final y firme no sabemos, porque el programa es del Departamento de Vivienda Federal y el Negociado de la Policía es el que opera el sistema. Nosotros no invertimos ni un centavo”, sostuvo el teniente Francisco Marí, quien dirige el “Fusion Center”. 

El funcionario calificó el sistema como una herramienta valiosa para la investigación criminal por su precisión, entre otros atributos, cuyo contrato se renueva anualmente por una cifra aproximada de $4 millones. 

El teniente Marí aclaró que estos detectores no son para colocarlos en zonas de alta incidencia criminal, sino que el programa establece que tienen que ser instalados en los residenciales públicos para su seguridad. Sin embargo, espera que en el nuevo contrato la cobertura se extienda a una distancia de 10 millas, de formar tal que si los disparos ocurren en ese perímetro, los investigadores tengan el beneficio de adelantar su pesquisa con los datos que provea el sistema. 

“Por cierto, nosotros en la Policía no sabemos dónde están los detectores, porque no nos interesa; allá el Departamento de Vivienda Pública que son los que nos pagan por eso. Yo te puedo decir la cobertura, pero no te sé decir dónde están los sensores”, respondió el funcionario, al preguntarle si son susceptibles al vandalismo. 

El programa detecta si son fuegos artificiales, las coordenadas específicas de las detonaciones, la cantidad de tiros; también graba el sonido, la cantidad de ráfagas, el calibre de las armas, si hay más de un tirador o si se disparó desde una motora, vehículo todoterreno o automóvil. 

“El sistema dice si en una calle se disparó en diferentes sitios, lo que significa que dispararon desde un vehículo. Dice la cantidad y el calibre. Hay lugares donde se detectan tiros donde no hay residencias donde sospechamos que van a probar las armas para ver si funcionan antes de usarlas”, detalló el teniente Marí. 

El promedio de reacción una vez se detecta el disparo es de entre 27 a 40 segundos para emitir la alarma en el Cuartel General y de ahí se movilizan las patrullas para iniciar la investigación. 

“Lo bueno del programa es que no necesitamos un querellante para tener conocimiento porque sabemos que ocurrieron los disparos y lugar”, comentó. 

A pesar de que no conoce el promedio de esclarecimientos de casos con el uso de este sistema porque solo les proveen la información a los investigadores, reveló que en el 2016 se registraron 1,083 incidentes de balaceras o sucesos con menor cantidad de tiros en las áreas policíacas de San Juan, Bayamón, Caguas, Carolina, Cayey y Trujillo Alto.

Mientras que hasta septiembre del 2017, antes de que colapsara el sistema, la cifra había ascendido a los 2,446 incidentes en las mismas jurisdicciones. 

El Departamento de la Vivienda les tiene asignadas unas diez patrullas bajo el programa que adiestra a los agentes para operar las computadoras.