El Tribunal Supremo amonestó al licenciado Carlos E. Díaz Olivo por utilizar lenguaje “destemplado y mordaz” en unas mociones presentadas ante tres jueces del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

La resolución, un In Re, con fecha del pasado 5 de noviembre, fue el resultado de una investigación y proceso disciplinario pedidos por el juez Rafael G. Rojas Fernández, quien alegó que el también analista político “realizó imputaciones ofensivas” contra los magistrados que atendieron un caso que él litigaba.

Las denuncias del profesor en Derecho fueron dirigidas a los procesos fuera de orden y con errores que observó en el Centro Judicial de Bayamón.

Alegadamente, con esta acción, Díaz Olivo violentó los Cánones de Ética, 9, 35 y 38.

“Mediante varias mociones y recursos, el licenciado Díaz Olivo caracterizó el juicio en el que intervino como abogado como una farsa y una mueca burda a los nobles y altruistas preceptos, sobre los cuales los padres fundadores edificaron nuestro sistema constitucional”, lee la resolución en la que se le advierte que, de repetirse la conducta, se expone a sanciones más severas, como la suspensión de la práctica de la abogacía. El caso fue archivado.

Díaz Olivo reaccionó a El Nuevo Día que la acción del Supremo era injusta,  que lo censura y coarta su derecho a la libre expresión.

“Están censurando. Lo que les molesta es que -en mi condición de analista- yo esté discutiendo el asunto. Ellos entienden que no están sujetos a crítica, como lo está el gobernador y los legisladores. Hablan de transparencia, de que hay que rendir cuentas, pero cuando se le pide a la rama Judicial, ellos censuran”, dijo Díaz Olivo.

Además, sostuvo que la amonestación es un acto de represalia porque denunció las supuestas irregularidades que hubo en el proceso legal.

Precisó que hubo fallas en los sistemas de grabación y reproducción de los procesos judiciales, desaparición en la grabación de incidentes importantes para el caso, juicios y vistas sin que la parte afectada tuviera acceso a la prueba, y dos notificaciones completamente distintas por parte de una misma jueza. Estos asuntos aún no se han atendido, dijo.

“Ellos se molestaron porque yo fui a estos otros foros (Contraloría, Oficina de la Administración de Tribunales y la Cámara de Representantes) y porque en la radio, la televisión y en la prensa escrita los fiscalicé y acusé a los tribunales de no tener transparencia en sus procesos, que era una rama peligrosa y había que escrutarlos”, añadió a El Nuevo Día.