El magistrado federal Marcos López impuso hoy, lunes, una fianza de $200,000 al empresario Anaudi Hernández, acusado la semana pasada en un caso de corrupción gubernamental en el que han sido implicadas otras nueve personas vinculadas a la administración del gobernador Alejandro García Padilla.

Anaudi Javier Hernández Pérez, recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) y amigo del gobernador acusado el jueves pasado por un caso de corrupción gubernamental, podrá salir del Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, una vez preste la fianza .

López acogió la recomendación presentada tanto por los fiscales Timothy Henwood y José Capó, en conjunto con el abogado Osvaldo Carlo, quienes sugirieron la cantidad de fianza de $200,000 asegurados o en efectivo, y que permanezca bajo encarcelamiento domiciliario con grillete electrónico. 

Solamente podrá salir a citas médicas y procedimientos en el tribunal, pero no podrá trabajar.

Durante la vista de fianza, efectuada esta tarde en el Tribunal Federal en Hato Rey, Hernández Pérez vestía uniforme de sumariado. El empresario llegó esposado de pies y manos y se mantuvo cabizbajo. El acusado de 40 años usó audífonos para escuchar a la intérprete traducir en español los procesos en inglés. En sala estuvo presente su esposa, Verónica Nadiaska Ponce.

Henwood dijo que el informe con antelación al juicio proponía una fianza de $100,000, pero sugirieron aumentarla para poder "aminorar cualquier riesgo de fuga", dado que Hernández tiene conexiones con personas en el exterior, así como un amigo y un familiar que podrían pagarle "un cheque en blanco, lo que sea necesario" para escapar. 

El fiscal destacó que el acusado tiene un arma de fuego, cuya licencia expiró en 2014, y que tiene tres arrestos previos a nivel estatal, pero sin convicciones. Indicó, además, que no tiene historial de "uso de drogas reciente".

Este diario supo que Hernández tuvo dos casos por violaciones a la Ley de Tránsito en 1996 y un caso en 2003 por insuficiencia de fondos en pagos no precisados. 

El magistrado aclaró que en la vista inicial del jueves se le informó que Hernández Pérez no tenía tarjetas de crédito, pero hoy, lunes, indicó que sí tenía dos tarjetas a su nombre. 

Carlo, por su parte, señaló que su representado no sometió planilla en 2013, pero pidió una extensión o prórroga al Departamento de Hacienda. El abogado dijo que la planilla del 2014 no la pudo someter porque no recibió la forma W2 de las compañías para las que trabajaba. En cuanto al arma de fuego y a los arrestos, el letrado manifestó que la misma no tenía balas y que su cliente sostenía que nunca ha sido arrestado.

Mañana, martes, será la vista de fianza y de lectura de acusación del coacusado en este caso Javier Muñiz Álvarez, quien también está en MDC desde el jueves y quien es aspirante a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP). 

La lectura formal de cargos contra Carlos Francisco Luna Cruz también será mañana ante la magistrada federal Silvia Carreño Coll.

Los coacusados Glenn O. Rivera Pizarro, Sally López Martínez, Ivonne M. Falcón Nieves y Sonia M. Barreto Colón hicieron alegación de no culpabilidad a través de sus abogados, quienes renunciaron a la vista de lectura de acusación formal, por lo que no tendrán que comparecer a la vista el miércoles.

En total, 10 personas fueron arrestadas por un caso de corrupción gubernamental. La acusación cubre tres esquemas de soborno, extorsión y un patrón de corrupción pública que se le atribuye a Hernández Pérez y a otros coconspiradores que, desde que el PPD ganó las elecciones en noviembre de 2012 hasta el presente, crearon compañías con el fin de obtener contratos gubernamentales y beneficios para colocar a amistades en puestos claves para beneficiarse. 

Se estima que Hernández Pérez recibió alrededor de $2 millones a través de influencias y pagos indebidos por parte de la Cámara de Representantes, la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), según la acusación federal.

La acusación establece que Hernández Pérez fue recaudador del PPD y "buen amigo" de la persona B, quien es el hermano del Gobernador, Luis Gerardo "Jerry" García Padilla, a quien el principal acusado enviaba resumés de personas de su confianza para que fueran nombradas en posiciones de confianza dentro de las agencias gubernamentales. 

A cambio de regalos que Hernández Pérez les hacía, como carteras Salvatore Ferragamo y Carolina Herrera, boletos a conciertos, cenas en restaurantes lujosos, entre otras, las personas autorizaron contratos, órdenes de compra, propuestas y pagos para beneficio de él y sus co-conspiradores. Llevaba un récord de todos los "regalos" que hizo, señala la acusación. Además de solicitar nombramientos, también pidió que despidieran a personas que ocupaban puestos de confianza en la AAA por su afiliación política.

Los acusados incluyen a la exadministradora de la ADL, Sally López, quien fue ubicada en destaque en la Oficina de Ayuda del Ciudadano en La Fortaleza.

También figuran como acusados la directora de compras de la AAA, Sonia M. Barreto Colón; la vicepresidenta de la AAA, Ivonne Marie Falcón Nieves; su hermana Marielis Falcón Nieves; los empresarios de JM Profesional (sic) and Training Group, Carlos Francisco Luna Cruz y Javier Alexis Muñiz Álvarez; el administrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón; su ayudante Glenn Omar Rivera Pizarro; y el director de tecnología de la Cámara, Víctor Rafael Burgos Cotto.

La jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, y el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Carlos Cases, advirtieron que la investigación continúa.