El pleito judicial de clase por violación de derechos civiles de los confinados del país, llegó a su final luego de 40 años, pero todavía el gobierno tiene que cumplir con tres proyectos, en los próximos tres años.

El secretario de Justicia, César Miranda, urgió al gobierno entrante a hacer los arreglos para conseguir los $24 millones que se necesitan, a razón de $8 millones por año, o de lo contrario se pone en riesgo un acuerdo que le costaría más al pueblo.

Miranda explicó que en el tramo final del litigio el gobierno debía $150 millones en multas. No obstante, como hubo una inversión de unos $75 millones en el hospital correccional, y ante avances logrados a través de cuatro décadas, el juez federal Gustavo Gelpí decidió condonar unos $50 millones. Los restantes $20 millones aproximadamente son los que se deben invertir en proyectos.

Ramón Rosario miembro del comité de transición del gobierno entrante criticó durante las vistas públicas que ante la crisis fiscal del gobierno tanto el Departamento de Justicia como el de Corrección y Rehabilitación estén comprometiendo fondos sin dejarle espacio a la nueva administración de tomar las decisiones.

Miranda reconoció que los $24 millones que se necesitan para cumplir con el acuerdo judicial están congelados en el Banco Gubernamental de Fomento. No obstante, dijo estar seguro de que son asignaciones que se pueden hacer y no virar lo adelantado tras 40 años.

En una rueda de prensa posterior Rosario estableció que está de acuerdo en que se hagan mejoras al sistema correccional del país, lo que no quiere es que se haga en este momento, sin que la administración entrante tenga un panorama completo de los recursos disponibles.

Durante las vistas, Rosario y Miranda acordaron ir al tribunal juntos a explicar la situación.

El caso Morales Feliciano comenzó como un pleito contra el gobierno ante el hacinamiento en las cárceles y la constante violación de derechos civiles.

Luego de vistas judiciales, acuerdos y multas, se vislumbra que la última inversión de $24 millones e tres años daría punto final al litigio de na vez y por todas.

El secretario de Corrección y Rehabilitación Einar Ramos indicó que en su plan de trabajo como parte del litigio propuso culminar el proyecto de identificar por biometría o huellas dactilares a todos los reos que cumplen sentencia, la instalación de cámaras de vigilancia, que estaría atado a un programa de mejoras en todo el sistema eléctrico de las prisiones, incluyendo aires acondicionados y generadores, y por último, mejoras permanentes en áreas de vivienda y perímetros de seguridad en las instituciones. Ese plan fue el que aprobó el juez federal para condonar la deuda en multas relacionadas al caso.