Una ola de reacciones a favor y en contra de la determinación del Tribunal Supremo en torno a la inconstitucionalidad de disposiciones de la Ley 160 que reformó el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) se produjo esta noche al conocerse detalles sobre la decisión producto del reclamo de los gremios magisteriales.

 "En momentos de enorme crisis, los países responsables actúan sin vacilaciones, con responsabilidad y firmeza. La decisión de cinco jueces del Tribunal Supremo demuestra, una vez más, su enajenación de la situación fiscal del país", dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

 "El propósito de la ley 160 fue resolver la insolvencia crasa y salvar el Sistema de Retiro de Maestros. Esta decisión pone en peligro la estabilidad financiera de nuestras familias, de las instituciones gubernamentales y de miles de maestros cuyo retiro ahora se ve nuevamente amenazado. Puerto Rico necesita mayor valentía para tomar las decisiones responsables y correctas", agregó Bhatia en declaraciones escritas.

El déficit actuarial en el SRM sobrepasa los $10,251 millones, según cálculos recientes del gobierno.

El líder de la mayoría legislativa en el Senado, Aníbal Torres, por su parte, dijo la decisión "nos presenta un nuevo reto para todos los que luchamos por superar la crisis fiscal que enfrentamos. Lamentablemente, la decisión revive el estado de urgencia que tiene el sistema, reduciendo las opciones hábiles para atender esa crisis".

"Confiemos en que esto no provoque aún más daño a la situación crediticia del País y que en efecto, se puedan armonizar las necesidades de los maestros y la de todos los puertorriqueños con la búsqueda de soluciones reales que permitan la rehabilitación del sistema y no meras sugerencias que lo que hacen es prolongar su decadencia. Que no quede duda alguna de que continuaremos explorando alternativas serias y viables con la misma seriedad y el mismo compromiso con Puerto Rico que siempre ha gobernado nuestras acciones legislativas”, aseguró.

Decisión es emplazamiento a la Legislatura

La senadora independentista María de Lourdes Santiago, por su parte, opinó que la decisión del Tribunal Supremo sobre la ley de reforma al SRM es "un emplazamiento a la Asamblea Legislativa" porque el estatuto fue aprobado "de manera descuidada y sospechosa, con un lapso de apenas cinco días desde su radicación a su firma el día de Nochebuena".

Opinó que la Ley 160 se firmó "sin datos que justificaran el enorme sacrificio que se pedía al magisterio; bajo la falsa promesa de que detendría la degradación del crédito del país y sin pensar en el impacto a largo plazo".

Agregó que la mayoría parlamentaria respondió a presiones de Wall Street y consideró la decisión un gran triunfo para el magisterio. Sin embargo, en declaraciones escritas, Santiago lamentó que "la protección que hoy el Tribunal Supremo concede a los maestros, se la negara antes a los empleados de gobierno central, igualmente afectados por los cambios a sus sistema de retiro".

La senadora novoprogresista Itzamar Peña, por su parte, dijo la decisión del Tribunal Supremos es acertada porque le hace justicia a los maestros, tras la aprobación "a la trágala" del cuestionado estatuto.

"A buena hora el Tribunal Supremo le hace justicia a los maestros del sistema público de enseñanza de Puerto Rico cuando declara inconstitucional la Ley de Retiro de Maestros, especialmente, cuando el gobernador hizo todo lo posible por dejar a los maestros desprovistos de un futuro económico cierto aprobando una Ley a la trágala y de forma atropellada.", expresó Peña en un comunicado de prensa.

 Perelló hace pronóstico de gobierno en bancarrota

Poco antes de las 9:00 p.m. el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, hizo un pronóstico sombrío en torno a las repercusiones de la decisión del Tribunal Supremo en contra de la Ley 160.

"No tengo dudas que la decisión del Tribunal Supremo acarreará graves consecuencias, afectará adversamente la estabilidad económica del sistema y pondrá en riesgo el sostenimiento futuro de los maestros jubilados del país", opinó Perelló.

"Difiero con vehemencia y con gran preocupación de una decisión que se aleja de la realidad del país y afecta irremediablemente los esfuerzos que hacemos para recuperar la reputación económica de Puerto Rico y mantener un retiro digno para nuestros maestros de acuerdo a los recursos que tenemos", sostuvo en declaraciones escritas.

"Esta decisión no despinta una realidad muy cruda que nos ha tocado afrontar, y es un gobierno en bancarrota, y unos sistemas de retiro que hace mucho tiempo colapsaron por no haberse tomado hace años las medidas que correspondían. La realidad clara y diáfana es que al 2020 el retiro de maestros se queda sin activos e incluso nuestros maestros actualmente retirados no tendrán su pensión. El déficit del Retiro es muy alto, y es un acumulado de años de irresponsabilidad, el Gobierno no puede enfrentar ese déficit. Esa realidad los jueces la saben pero es mucho más fácil evadirla que optar por afrontar la responsabilidad judicial que requerían los tiempos.

 La legisladora estadista, Lourdes Ramos, crítica enérgica de la Ley 160, mientras, reaccionó jubilosa con la decisión del Tribunal Supremo.