La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Lourdes L. Gómez Torres, informó que la fisal auxiliar Teresita Del Rosario Morales Arteaga, de la División de Delitos Económicos, logró una determinación de causa para juicio contra la patóloga del habla Jomarys Ainniz Agosto Cuevas.

La imputada renunció a la vista preliminar y se allanó a la determinación de causa tras un acuerdo con el Ministerio Público.

Se alega que está imputada de liderar un esquema de fraude mediante el cual certificó y facturó terapias de habla que nunca ofreció a estudiantes bajo el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE).

De acuerdo con la investigación, Agosto Cuevas, quien trabajaba para la compañía Piko Therapy, un proveedor autorizado del DE, facturó indebidamente 125 terapias las cuales no fueron ofrecidas entre agosto del 2023 y enero de 2025, lo que resultó en un desembolso ilegal de $7,100 en fondos públicos.

La pesquisa, también, reveló que Agosto Cuevas utilizó indebidamente la información de maestros de la Escuela Especializada Víctor Parés Collazo en San Juan para generar certificaciones falsas en la plataforma digital Mi Portal Especial. Estas acciones no solo defraudaron al erario, sino que también pusieron en riesgo la salud, integridad y desarrollo de menores con diversidad funcional entre los 3 y 21 años de edad.

Posteriormente, la imputada intentó persuadir a padres y encargados de los menores para que no declararan en su contra, lo que también constituye delito.

El juez Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para juicio por un total de 135 cargos criminales.

Entre estos, un cargo por fraude, cinco por apropiación ilegal agravada; 30 cargos por alteración y uso de datos personales en archivos; 30 por falsedad ideológica, en virtud del Artículo 212; 30 por archivo de datos falsos y 30 más por posesión y traspaso de documentos falsificados.

Además, enfrenta cinco cargos por impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos, conforme al Artículo 281, y cuatro cargos de maltrato de menores bajo el Artículo 53 de la Ley 57-2023.

El caso fue investigado por la agente Nilda M. Couvertier Lasen del Cuerpo de Investigaciones Criminales, y el auditor Luis Torres González, de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, quien realizó una evaluación que sirvió de base para la radicación de cargos.

La lectura de acusación y el juicio están pautados para el 6 de octubre en el Tribunal de San Juan.