Peñuelas. Darío W. Ortiz Seda se querelló el 12 de julio por presuntamente haber sido agredido por policías cuando estos intentaban despejar la vía para la entrada de camiones con cenizas de carbón al vertedero Peñuelas Valley Landfill (PVL), pero no fue hasta este martes que la Policía le tomó su declaración por escrito.

Y la Policía le anticipó, de paso, que el proceso investigativo podría tardar alrededor de seis meses porque tiene que pasar por la Comandancia de Ponce y luego a la división legal en el Cuartel General en San Juan, antes de que surja una recomendación a la superintendente Michelle Hernández.

El incidente descrito por Ortiz Seda, residente en Toa Baja, ocurrió la mañana del 12 de julio, cuando Applied Energy Systems (AES) reanudó el depósito de cenizas en Peñuelas, en medio de un operativo con cientos de policías, tras la firma de la Ley 40.

“Yo fui agredido por unos policías con sus macanas. Me hicieron moretones en las costillas del lado derecho. Ninguno tenía placa ni apellido visible, y por sus cascos tampoco les pude ver las caras. Las macanas tienen una bolita de metal en un extremo y con eso fue que me puyaron como si fuera una res”, explicó el integrante del Comité Toabajeños por el Ambiente.

Sus expectativas no son alentadoras.

“Me dijeron que se tardaba alrededor de seis meses… Que como no pude identificar quién fue, era difícil. No creo que pare en nada”, comentó el hombre de 57 años. 

Otro ciudadano que presentó querella ese día contra un policía por agresión ya fue entrevistado, confirmó Yanina Moreno, portavoz del Campamento contra las cenizas de carbón. 

Entretanto, Filippo de Jesús, de 85 años, desistió de continuar con su querella.

“Hace como tres semanas alguien que no se identificó me llamó para decirme que pasara a la comandancia para que diera mi testimonio y le contesté que como no puedo manejar, no podía ir para allá. También le dije que como eso era una investigación de policía a policía, que yo he vivido bastante y sé cómo funciona el sistema, no tenía confianza y que cerrara el caso”, explicó el residente de Peñuelas.

De Jesús denunció que los empujones de los policías lo llevaron al suelo el 12 de julio por la madrugada.

“Me empujaron por su rotén en el pecho, tres de ellos, y caí de bruces en el pavimento. Tengo mi brazo izquierdo inmóvil en un 50% a consecuencia de ese atropello. Eso fue una salvajada, gente joven que se presta para servir al poderoso”, indicó.

“Tenían casco con el plástico frente a la cara y no vi número de placa ni apellido. Muchos han tratado de evadir la identificación durante las manifestaciones”, agregó.

El abogado Donald Milán Guindín, quien representó a Ortiz Seda y ha colaborado con otros manifestantes arrestados, puntualizó que “aquí el detalle es que la Policía investiga a la Policía y como están yendo sin placa, apellido visible y con la cara cubierta, eso genera problemas en la identificación”.

También el 12 de julio, se presentó una querella por agresión contra un camionero que presuntamente les tiró el vehículo encima a los manifestantes y luego se bajó a pelear, pero la denuncia se invirtió. Entonces, Jimmy Borrero Costas, uno de los portavoces del campamento, fue acusado de un cargo menos grave de agresión simple.

Jannette Albino, quien se querelló contra un policía por una presunta agresión ocurrida durante una manifestación a principios de agosto, no ha sido citada. 

Mientras, el abogado Martín González Vélez, quien presentó una querella administrativa contra el agente Elvin Fernández, por supuestamente invitarlo a pelear cuando fue a ver un manifestante detenido en un cuartel, dijo que lo contactaron este miércoles. “El teniente Caraballo, de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Comandancia de Ponce, informó que la querella se había asignado y que llamarían posteriormente para tomar declaración”, indicó el licenciado.

Esta dilación contrasta con la rapidez con que se han procesado las denuncias y cargos contra manifestantes.

El 2 de agosto, Borrero Costas fue acusado de una violación al Artículo 245 del Código Penal, que consiste en emplear la violencia contra la autoridad pública, el cual es un delito grave. Esto, por un hecho presuntamente ocurrido el día anterior. La vista preliminar será este jueves, 17 de agosto.

Asimismo, el 2 de agosto, 25 manifestantes fueron acusados de un cargo menos grave de obstrucción a la justicia por hacer desobediencia civil ese día. El juicio fue pautado para el 12 de septiembre, junto al que enfrentarán Borrero Costas por el caso de agresión simple y José Manuel Díaz por obstrucción a la justicia.

Y en menos de una semana, Alberto de Jesús “Tito Kayak” fue identificado y procesado como responsable de apropiarse de las llaves con la tarjeta de suplir combustible al generador de electricidad que activa los reflectores colocados por la Policía en las inmediaciones del campamento.

De Jesús enfrenta un cargo grave de apropiación ilegal y también tendrá su vista preliminar este jueves.