La defensa del exlegislador Ramón Rodríguez Ruiz anticipó hoy que no presentará testigos en la vista preliminar que encara el otrora político por cargos de corrupción pública y que se espera concluya la semana próxima.

La vista preliminar, que se encuentra en su etapa final, tuvo que ser pospuesta esta tarde, pues uno de los abogados sufrió un quebranto de salud.

El juez Juan A. Frau Escudero, por acuerdo entre los fiscales especiales -Guillermo Garau, Cándida Sellés y Manuel Núñez Corrada- y el abogado Luis Noel Rodríguez Ruiz, reseñaló la continuación de la vista para el martes 26 de marzo a la 1:00 de la tarde, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El magistrado instruyó al testigo, Alfredo Martínez, director ejecutivo de la Comisión Conjunta de Cámara y Senado de Donativos Legislativos, a que traiga los documentos que le fueron requeridos. Estos se relacionan con los donativos que fueron aprobados para las organizaciones sin fines de lucro, Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas, creadas por Rodríguez Ruiz al recién estrenarse en su escaño por el distrito 27 (Santa Isabel, Coamo, Aibonito, Salinas y Juana Díaz) y que los fiscales alegan que no cumplían con los requisitos de ley.

Con el testimonio de Martínez, los fiscales, del Panel de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, someterán el caso el mismo 26 de marzo.

“Con la información falsa que se sometió le asignaron a una de las organizaciones $8 mil y a la otra, $4 mil que no se llegaron a desembolsar, pero afectaron el presupuesto porque no se pudieron utilizar para otra cosa. Ese dinero se le pudo haber otorgado a otra institución bona fide que en verdad lo necesitara”, indicó Garau.

Los fiscales le imputan a Rodríguez Ruiz y a su entonces ayudante, Torres Suárez crear unas organizaciones sin fines de lucro con información falsa para obtener unos donativos legislativos.

A Rodríguez Ruiz, quien no hizo expresiones públicas, se le imputan dos cargos por los artículos 202 (b) de fraude y 254 de intervención indebida en procesos gubernamentales del Código Penal. En el cargo de fraude, se le imputa actuar en concierto y común acuerdo, con la exdirectora ejecutiva de su oficina legislativa, Soniel Torres Suárez.

De ser hallado culpable a nivel de juicio se expone a tres años de prisión en cada cargo. El artículo 254 no conlleva el beneficio de sentencia suspendida, dijo el fiscal Garau, quien añadió que no ha habido ningún acercamiento de la defensa para negociar un acuerdo.

En la vista preliminar, con los testimonios anteriores, trascendió que el 10 de agosto de 2017 el gobernador Ricardo Roselló Nevares firmó una resolución que contenía donativos a dos entidades que no cumplieron con los requisitos expuestos en ley para que se les otorgara.

El problema expresado por dos testigos que laboraron en la Comisión, Roxanne Díaz y Laura Eliza Gallardo, es que las organizaciones no entregaron todos los documentos necesarios para pasar la evaluación inicial, según los dispone la Ley 20 de 2015, y aun así les fueron asignados fondos mediante la Resolución 200, firmada por el ejecutivo.