Juan Maldonado de Jesús, quien representó a la empresa Apex General Contractors en la compra fallida de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 al inicio de la pandemia en el 2020, se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con el Fiscal Especial Independiente (FEI).

El abogado, que fue desaforado por el Tribunal Supremo en el 2022 por este mismo caso, se declaró culpable ante la jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por tentativa de fraude y falsificación de documentos.

Se le imputó ser el abogado gestor del controvertible contrato otorgado a la empresa de construcción por $38 millones para conseguir las pruebas médicas que detectaran el coronavirus.

En un comunicado de prensa emitido por el Panel sobre el FEI, se estipuló que la compra fue “ilegal”.

Los fiscales Ramon M. Rosario Mendoza y Zulma I. Fuster Troche fueron los FEI que investigaron el caso y lograron la convicción, pese a que la investigacion preliminar realizada por el Departamento de Justicia no recomendó realizar un proceso criminal.

Se informó que Maldonado de Jesús renunció a la vista preliminar e hizo alegacion de culpabilidad.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Maldonado de Jesús se libró del argo por intervención indebida en operaciones y contratos gubernamentales, que fue reclasificado a delito de impostura y se archivaron cargos adicionales por falsedad ideológica y posesión y traspaso de documentos falsificados.

Maldonado de Jesús deberá pagar $10,000 al PFEI por gastos relacionados al caso.

La vista de lectura de sentencia fue citada para el 20 de febrero de 2026, a las 9:00 am en la Sala 1104 del Tribunal de San Juan.

Además de Maldonado de Jesús, en este caso fue acusado Aaron Vick, también representante de la empresa de construcción. El PFEI no detalló en qué estado se encuentra este otro caso.

En esta pesquisa, realizada por el FEI y el Departamento de Justicia, fueron implicados la exgobernadora Wanda Vázquez, así como Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al task force médico del coronavirus, y el general José Burgos, quien fue comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias. Ninguno de estos exfuncioanrios fue acusado.

Fue el 26 de marzo de 2020 que se le adjudicó el contrato de $38 millones a la empresa constructora Apex para adquirir pruebas rápidas de COVID-19. Ese contrato fue cancelado, luego de que un banco detuviera la millonaria transacción y los detalles de la irregular compra salieran a la luz pública.

Según trascendió, en un proceso expedito, el gobierno pretendió comprar a sobreprecio a la empresa de construcción un millón de pruebas serológicas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos.

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