Juan Maldonado de Jesús, quien representó a la empresa Apex General Contractors en la compra fallida de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 al inicio de la pandemia en el 2020, se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con el Fiscal Especial Independiente (FEI).

El abogado, que fue desaforado por el Tribunal Supremo en el 2022 por este mismo caso, se declaró culpable ante la jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por tentativa de fraude y falsificación de documentos.

Se le imputó ser el abogado gestor del controvertible contrato otorgado a la empresa de construcción por $38 millones para conseguir las pruebas médicas que detectaran el coronavirus.

En un comunicado de prensa emitido por el Panel sobre el FEI, se estipuló que la compra fue “ilegal”.

Los fiscales Ramon M. Rosario Mendoza y Zulma I. Fuster Troche fueron los FEI que investigaron el caso y lograron la convicción, pese a que la investigacion preliminar realizada por el Departamento de Justicia no recomendó realizar un proceso criminal.

Se informó que Maldonado de Jesús renunció a la vista preliminar e hizo alegacion de culpabilidad.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Maldonado de Jesús se libró del argo por intervención indebida en operaciones y contratos gubernamentales, que fue reclasificado a delito de impostura y se archivaron cargos adicionales por falsedad ideológica y posesión y traspaso de documentos falsificados.

Maldonado de Jesús deberá pagar $10,000 al PFEI por gastos relacionados al caso.

La vista de lectura de sentencia fue citada para el 20 de febrero de 2026, a las 9:00 am en la Sala 1104 del Tribunal de San Juan.

Además de Maldonado de Jesús, en este caso fue acusado Aaron Vick, también representante de la empresa de construcción. El PFEI no detalló en qué estado se encuentra este otro caso.

En esta pesquisa, realizada por el FEI y el Departamento de Justicia, fueron implicados la exgobernadora Wanda Vázquez, así como Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al task force médico del coronavirus, y el general José Burgos, quien fue comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias. Ninguno de estos exfuncioanrios fue acusado.

Fue el 26 de marzo de 2020 que se le adjudicó el contrato de $38 millones a la empresa constructora Apex para adquirir pruebas rápidas de COVID-19. Ese contrato fue cancelado, luego de que un banco detuviera la millonaria transacción y los detalles de la irregular compra salieran a la luz pública.

Según trascendió, en un proceso expedito, el gobierno pretendió comprar a sobreprecio a la empresa de construcción un millón de pruebas serológicas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos.

Reacciona legislador que destapó la irregularidad

Tras la convicción, el ahora senador Juan Oscar Morales recordó que la pesquisa de las irregularidades con la prueba del COVID-19 la inició cuando fue presidente de la Comisión cameral de Salud.

“Podemos afirmar que el tiempo nos ha dado la razón. Hace cinco años, cuando la incertidumbre y el pánico arropaban a la Isla, la Comisión de Salud de la Cámara que tuve el honor de presidir investigó a fondo el escándalo de la compra de pruebas rápidas a sobreprecio. Documentamos cada anomalía, desde la forma irregular en que se otorgó el contrato con Apex hasta la evidente participación y las gestiones del licenciado Maldonado, entonces exdirector de la ATM (Autoridad para el Transporte Marítimo), que fueron más allá de su rol. Nuestro informe final no se quedó en un cajón; hicimos los referidos pertinentes a las agencias investigadoras, confiando en que se haría justicia”, sostuvo en declaraciones escritas.

Dijo que la declaración de culpabilidad que hizo Maldonado de Jesús validó la investigación legislativa.

“Esto no es un simple caso administrativo; se trata de utilizar una emergencia de salud pública, donde la gente temía por sus vidas, para intentar obtener un lucro ilegal, dañando la confianza pública y malgastando fondos esenciales. La corrupción no puede ni debe quedar impune. A pesar del tiempo transcurrido, y gracias a la perseverancia de las autoridades, el proceso de justicia ha avanzado. Este caso demuestra la importancia de la fiscalización legislativa”, manifestó.

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