Varios abogados de la región Sur participaron como deponentes en la vista realizada en el Tribunal de Ponce por la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal y rechazaron que un nuevo código termine con los problemas de criminalidad, afirmando que sería volver a los principios de los códigos anteriores.

Los miembros de la Comisión, la representante Liza Fernández y el senador José Emilio González, han realizado varias vistas en las regiones judiciales como parte del proceso para estudiar el Proyecto del Senado 2021 que propone la posible derogación del Código Penal vigente, aprobado hace apenas seis años.

“A través de estas vistas hemos escuchado las opiniones de los abogados y eso es lo que queremos”, dijo la representante.

Uno de los deponentes fue el abogado Octavio Capó Pérez, quien representó a la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Este presentó sugerencias a diversas palabras expuestas en el borrador de lo que sería el nuevo código.

“La idea de reformar este código no es mala”, sostuvo el letrado.

Por otro lado, Cynthia Candelaria Ramos, abogada, destacó que el nuevo código afectaría la defensa de sus clientes y del sistema de justicia general. Además, considera que no es viable adoptar un código a tan pocos años de aprobar el actual.

“Si para nosotros los juristas se nos hace difícil atemperarnos a los cambios en las leyes, mucho más difícil será para los ciudadanos”, indicó la abogada.

Esta señaló que un nuevo código penal no acabará con la criminalidad, sino que es necesario atacar las causas y atender los factores de riesgo que llevan a los ciudadanos a cometer delitos desde temprana edad.

Por su parte, Luis Muñiz Echevarría, abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal, expresó que el código presentado en el Proyecto 2021 está ausente de una investigación de datos que permitan determinar la gravedad del problema con el cual se intenta justificar el aumento de las penas.

“A seis años de aprobado el código vigente no debe existir estadística suficiente para justificar uno nuevo”, dijo el abogado.

Asimismo, mencionó que el razonamiento subyacente es que en la medida en que se encarcelen más personas por mayor periodo de tiempo, los ciudadanos que se encuentran en la libre comunidad se asustarán y no cometerán delitos.

“Resulta conveniente la implementación de reformas enfocadas en otras vías para entender la criminalidad en lugar de optar por aumentar las penas”, destacó Muñiz Echevarría, quien sostuvo que también se disminuirá la posibilidad de rehabilitación de los confinados.

“La utopía de eliminar el delito como la de eliminar la pobreza son discursos demagógicos de cumplimiento imposible que se plantean cada cuatro años”, manifestó en su ponencia el jurista.

A las vistas asistieron varios jueces, quienes escucharon atentos las exposiciones de los deponentes.