En una acción tan fulminante como su destitución, los abogados del ex juez superior Reinaldo Santiago Concepción renunciaron a representarlo.

Los abogados Virgilio Mainardi Peralta, José Ángel Rivera-Rodríguez y Heriberto Torres Crespo enviaron una carta a la Comisión de Disciplina Judicial y citaron un “insalvable conflicto de intereses” como la razón para no querer más negocios con él.

El trío aseguró en la misiva que el ex juez no tiene deuda de honorarios, y está informado de los términos pendientes de vencimiento.

El Tribunal Supremo ordenó el 22 de agosto la destitución de Santiago Concepción y su desaforo de la práctica de la abogacía, luego de una investigación y un procedimiento ético que llevó a cabo la Comisión de Disciplina Judicial.

La orden del máximo foro establece que el ex juez compró y usó cocaína, y maltrató física y verbalmente a su esposa al punto de romperle varias costillas y no llevarla a recibir atención médica.

Luego de esa determinación sin precedentes, Santiago Concepción dijo que solicitaría una reconsideración y acusó a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) de cometer irregularidades en la asignación de jueces a determinados casos.

“En los últimos días han surgido eventos y expresiones públicas que han generado un insalvable conflicto de interés entre nuestro representado y los suscribientes. Lo anterior hace imposible que los abogados que suscriben continúen la representación legal de su cliente”, indica la carta.

Primera Hora se comunicó con Torres Crespo quien dijo que no podía divulgar detalles sobre la renuncia.

¿Tiene que ver con las denuncias que hizo el ex juez de irregularidades por parte de la OAT?

La carta se explicaba por sí sola... no puedo comentar nada más sobre el asunto.

Los otros dos representantes legales del bufete Mainardi y Rivera no contestaron los mensajes dejados en su oficina.

Esta sería la segunda vez que Santiago Concepción se queda sin abogados. Cuando la OAT inició el proceso de querella en su contra, uno de los testigos de cargo recibió un sobre sellado con su declaración jurada llena de anotaciones, lo que se entendió como una intervención indebida por parte de Santiago Concepción.

Por otro lado, Daniel León Rodríguez, portavoz de prensa de la OAT, dijo en una escueta comunicación escrita que esa oficina no reaccionaría a las declaraciones de Santiago Concepción.

Además de la destitución y el desaforo, el Tribunal Supremo también refirió el caso de Santiago Concepción ante el Departamento de Justicia.

Allí, Alberto Valcárcel, director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor, ya comenzó a recibir el expediente.

Una vez se complete la transferencia, Valcárcel junto a su equipo de fiscales determinarán qué posibles delitos se pueden radicar para notificarlo al Panel del Fiscal Especial Independiente y a partir de esa fecha tienen 90 días para entregar una investigación preliminar.

Si en ese tiempo no han concluido, pueden agregar otros 90 días para un total de 180. Entonces, el panel puede proceder a los tribunales para la radicación oficial de cargos.

“Vamos a tener celeridad en cuanto a esto. Se va atender rápidamente cumpliendo con responsabilidad de lo que impone”, manifestó.