La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) advirtió hoy que el gobierno no puede limitar el derecho de expresión cobijado por la Primera Enmienda de la carta de Derechos de Puerto Rico, de cara a las manifestaciones pacíficas convocadas para mañana, 1 de mayo con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

Las declaraciones coincidieron con el arresto del líder de Comedores Sociales, Giovanni Roberto Cáez, de 37 años, durante la Caravana por la Vida que fue convocada para manifestarse frente a varias agencias de gobierno en reclamo de la entrega de manera expedita de los beneficios del desempleo, la apertura de los comedores escolares y la distribución de alimentos, el desembolso de los beneficios a los casos nuevos del Programa de Asistencia Nutricional y que se realicen pruebas masivas para detectar el coronavirus.

“Esta actividad, protegida por la Constitución, no se puede censurar previamente por el gobierno. Especialmente cuando las vías y plazas públicas son foros de expresión pública tradicionales. Al limitar arbitrariamente el acceso y notificar a la población que las manifestaciones no están permitidas por la Orden Ejecutiva, se censura previamente el mensaje y se trata de disuadir a los manifestantes, por lo que se coartan los derechos constitucionales fundamentales”, informó la ACLU por escrito, al reconoer que el derecho a la libre expresión no es absoluto.

A su vez, observó que ningún estado de emergencia puede suspender las garantías constitucionales y citó un memorando de la Oficina del Secretario de Justicia Federal del 27 de abril en el que se reafirma esa aseveración.

“Tal como ha dicho el Departamento de Justicia previamente … aún en tiempos de emergencia […] la Primera Enmienda y leyes federales prohíben [ . . .] el discrimen contra mensajes desfavorecidos o interferencia irrazonable a la economía nacional. Si un estado o decreto local se pasa de la línea del ejercicio apropiado de su autoridad para prevenir el COVID-19 y se convierte en una violación excesiva de una protección constitucional o legal, el Departamento de Justicia federal se verá en la obligación de abordar ese exceso y extralimitación en el tribunal federal”.

La ACLU le recordó al gobierno que limitar el movimiento de los participantes previo a una protesta tiene el efecto de disuadir la participación y crea una “aprehensión, un clima de tensión y un efecto paralizante”.

Finalmente, expuso que espera que mañana no se infrinja el derecho a la libertad de expresión ni se violen los derechos constitucionales, civiles y humanos de la ciudadanía y que las manifestaciones se realicen siguiendo las estrictas medidas de distanciamiento individual.

“La libertad de expresión y de prensa es esencial para la vida de un país libre y democrático. Los tribunales han sido claros. Cuidar la salud pública no excluye cuidar la salud democrática”.