Un gran jurado federal acusó ayer, jueves, a un guardia correccional por privarle los derechos a un recluso bajo el pretexto de la Ley, mediante el uso de la fuerza, y por obstruir la justicia.

El imputado, identificado como Emilio Rodríguez Arroyo, es oficial correccional del Centro de Detención Metropolitano (MDC, en inglés), en Guaynabo.

Según la Fiscalía Federal, Rodríguez Arroyo usó fuerza excesiva contra un confinado, todo mientras el recluso estaba esposado con sus manos atadas en la espalda y no le resistía. Como resultado, el reo resultó con lesiones corporales, se reveló.

La Fiscalía federal indicó que el oficial presuntamente le privó a la víctima, identificada como E.R.R, del derecho a estar libre de castigos crueles e inusuales, cónsono con la octava enmienda de la Constitución estadounidense.

Los hechos se remontan al 8 de noviembre cuando el acusado “golpeó a E.R.R. en el área de la cabeza y la cara mientras que E.R.R. fue esposado a la espalda, sin resistir, y bajo el control de otros oficiales”, dicta la acusación formal.

Luego, Rodríguez Arroyo engañó a sabiendas a un alto funcionario de la Oficina de Prisiones (BOP) sobre el incidente, se informó.

El acusado hizo su comparecencia inicial en la corte hoy ante la jueza magistrada de los Estados Unidos, Giselle López Soler, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Hoy, además, fue arrestado por estos cargos y puesto bajo custodia federal.

De ser encontrado culpable, podría enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión por el cargo de violación de los derechos civiles y una pena máxima de 20 años por el cargo de obstrucción de la justicia.

La fiscal general auxiliar Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, el fiscal federal W. Stephen Muldrow, del Distrito de Puerto Rico, el agente especial a cargo Joseph González, de la Oficina Local del Negociado de Investigaciones Federales en San Juan (FBI, en inglés) y el agente especial a cargo James F. Boyersmith, de la Oficina de Campo del Inspector General del Departamento de Justicia de Miami, anunciaron la acusación.

El FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia están a cargo de la pesquisa.

Asimismo, el fiscal federal adjunto Alexander Alum, del Distrito de Puerto Rico, y el abogado litigante Eric Peffley, de la División de Derechos Civiles, están a cargo de la acusación en el caso.