Bajo el alegato de que pagaron sobornos a un familiar que era empleada del Departamento del Trabajo para obtener beneficios del Seguro por Desempleo durante la pandemia del COVID-19, unas ocho mujeres fueron acusados por un gran jurado federal de fraude.

Se alega que las mujeres se lograron apropiar, bajo el presunto esquema fraudulento, de $619,923.

La información la dio a conocer este viernes el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow.

Las acusadas fueron identificadas en un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía federal como Luz Garay Osorio, quien se alega recibió alrededor de $13,308 en beneficios fraudulentos y 142,507 en sobornos; Glenda Garay Osorio, quien recibió $107,291 y transfirió $17,857 a la cuenta de Luz Garay Osorio; Tatiana Skerrett Garay, que recibió $46,834 y transfirió $20,597.98 a la cuenta de Luz; Ariana Skerrett Garay, que recibió $45,946 y transfirió toda la cantidad a la cuenta de Luz; Dayanara Aquino Garay, que recibió $73,950 y transfirió $10,575.00 a Luz; Nashaly Vega Garay, que recibió $102,670 y transfirió $21,423.00 a Luz; Almarys De Jesús Garay, que recibió $13,803 y le dio $1,000 a Luz, así como Mariela Cabrera Vistel recibió aproximadamente $58,015 y pagó en 18 giros unos $17,500, que fueron depositados en la cuenta bancaria de Luz Garay-Osorio, y también transfirió otros $7,609 a su cuenta.

“Según la acusación, las acusadas conspiraron para someter información falsa con el fin de obtener fraudulentamente compensación por desempleo del Departamento del Trabajo. Esto se hizo mediante el uso de información personal identificativa falsa, el uso de información identificativa de otras personas y la provisión de información falsa relacionada con historiales de empleo previos. La acusada Luz Garay Osorio, utilizando su posición como empleada del Departamento del Trabajo, realizó cambios en el sistema de la agencia para hacer elegibles a familiares para recibir beneficios de desempleo, Asistencia por Desempleo Pandémico y Asistencia por Desempleo por Desastre. Garay Osorio también utilizó su posición como entrevistadora del Departamento del Trabajo para radicar reclamaciones fraudulentas, crear historiales laborales falsos, alterar información histórica y emitir determinaciones monetarias y no monetarias. Además, Garay Osorio presentó reclamaciones fraudulentas utilizando las identidades de otras personas y provocó que los beneficios se pagaran a co-conspiradoras, incluyendo familiares”, se explicó en el comunicado de prensa.

Se precisó que, bajo este esquema, las acusadas supuestamente obtuvieron fraudulentamente aproximadamente $619,923 en beneficios y Garay Osorio recibió pagos en soborno por $142,507.

Por los hechos, las mujeres fueron acusadas por conspiración para robar fondos federales y fraude postal por servicios honestos.

Luz Garay Osorio, que fue despedida del Departamento del Trabajo, también fue acusada por lavado de dinero y robo agravado de identidad.

“Estas acusadas participaron en un esquema para defraudar al Departamento del Trabajo de Puerto Rico utilizando la posición de confianza de una empleada para radicar numerosas reclamaciones fraudulentas de seguro por desempleo cuando no tenían derecho a dichos beneficios”, expresó el fiscal federal Muldrow.

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con nuestros homólogos estatales y federales, continuará responsabilizando a quienes intenten explotar beneficios federales para beneficio personal, proteger a las poblaciones vulnerables y salvaguardar la integridad de los programas financiados con fondos de los contribuyentes. Reconocemos el excelente trabajo y la colaboración de nuestros socios de las agencias del orden público en la investigación de este caso”, añadió.

Por su parte, Jonathan Mellone, agente especial a cargo de la Región Nordeste del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General, expresó que “una parte importante de la misión de la Oficina del Inspector General es investigar alegaciones de fraude relacionadas con el programa de seguro por desempleo del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Continuaremos trabajando con nuestros socios de cumplimiento de la ley para investigar este tipo de alegaciones”.

De ser encontradas culpables, las acusadas podrían enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión por robo de dinero gubernamental y conspiración. Luz Garay Osorio también se expone hasta 20 años de prisión por fraude postal por servicios honestos y una sentencia obligatoria de dos años de prisión por robo agravado de identidad.

Además, Luz Garay Osorio y Cabrera Vistel enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para lavar dinero.

Se destacó que Luz Garay Osorio es la novena empleada del Gobierno de Puerto Rico en ser acusada desde 2024.