Rafael Murillo Vélez y Tamara Berrios Hernández, fueron acusados por fraude en la ejecución de obras y apropiación ilegal agravada tras una investigación de agentes adscritos a la División de Robo, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de San Juan.

Surge de la pesquisa que en mayo del año 2020, fueron contratados para la construcción de una residencia tipo vagón, que sería ubicada en Toa Alta.

Como parte del acuerdo, el perjudicado realizó un pago inicial de $48,000, sin embargo, nunca realizaron la construcción y tampoco le devolvieron el dinero, aun cuando les fue requerido.

El agente Edwin Álvarez, supervisado por el sargento Miguel Diaz, del CIC de San Juan, consultó el caso con la fiscal Ileana Martínez Rosado, quien formuló los cargos antes mencionados.

El juez Juan G. Portell, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $10,000 a cada uno, la cual prestaron, quedándo en libertad hasta la vista preliminar.