Acusan dueña de Tobacco Shop por venta de parafernalia de drogas

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 17 años.
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Un gran jurado federal acusó hoy a la dueña de las tiendas Tobacco Shop, Nilda Maldonado Cordero, de cuatro cargos de venta de parafernalia de drogas.
Las tres sucursales de Tobacco Shop habían sido allanadas el martes por agentes del FBI que encontraron grandes cantidades de parafernalia, incluyendo cientos de pipas diseñadas para fumar narcóticos ilegales.
De acuerdo con el pliego acusatorio, desde 2005, Maldonado Cordero vendió y ofreció parafernalia de drogas ilegalmente desde tres negocios legítimos en Puerto Rico y le proveyó servicios a organizaciones de tráfico de drogas.
La jefa interina de la fiscalía estadounidense, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que las tiendas están ubicadas en Plaza Las Américas, Centro Gran Caribe en Vega Alta y en Cataño.
El último cargo del pliego acusatorio busca confiscar toda la parafernalia de drogas y todas las propiedades, reales y personales, utilizadas para facilitar la venta de parafernalia de drogas y las ganancias generadas por el negocio ilícito.
Según la fiscal Rodríguez, en Puerto Rico nunca se había acusado a nadie bajo este estatuto federal que prohíbe vender parafernalia que se utiliza para manufacturar, preparar y/o consumir sustancias controladas.
"Ella no mostró respeto por nuestras comunidades. El hecho de que haya vendido parafernalia bajo un alegado negocio legítimo no la hace diferente de aquellos que venden narcóticos en un punto de drogas", dijo Rodríguez en un comunicado de prensa.
"Esto debe servir de mensaje a todos aquellos comercios que se dedican a la venta de estos materiales que se utilizan para la manufactura, producción y consumo y facilita el trasiego de drogas en Puerto Rico. Las autoridades federales continuarán investigando", agregó.
El caso criminal está asignado al fiscal federal auxiliar, George A. Massucco LaTaif, y la fiscal Olga Castellón.
Las penalidades por las ofensas señaladas incluyen cárcel de hasta tres años por cada cargo y multas ascendentes a $250,000.

