Acusarán a El Chuchin y a su esposa por información falsa en sus planillas
Las acusaciones estarán a cargo del FEI, Emilio ArilI, junto al fiscal delegado Manuel Núñez, así como el fiscal del Departamento de Justicia, Carlos Romo Aledo.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 12 años.
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El controvertible exsenador Antonio Soto Díaz, mejor conocido como “El Chuchin”, enfrentará este jueves en la tarde nuevos cargos criminales, informó la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI), Nydia M. Cotto Vives.
Junto al exlegislador de Arroyo, también será acusada su esposa, Agnes S. Lopés Santiago.
Las acusaciones estarán a cargo del FEI, Emilio ArilI, junto al fiscal delegado Manuel Núñez, así como el fiscal del Departamento de Justicia, Carlos Romo Aledo.
Cotto Vives informó en comunicado de prensa que contra la pareja se presentarán cargos por infracciones al Código de Rentas Internas.
Asimismo, el fiscal Romo Aledo someterá cargos adicionales por fraude contributivo, correspondientes a años en que Soto Díaz no era legislador.
Mientras, el FEI le imputará al exsenador tres cargos adicionales por infracción al artículo 4.11 de la Ley de Ética Gubernamental que trata de incumplimiento o falsificación en los informes que radicó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
Según Cotto Vives, ese organismo amplió la investigación contra el exlegislador ante un nuevo referido de la OEG sobre posibles infracciones a la Sección 6054, inciso (c) del Código de Rentas Internas de 1994, consistente en ofrecer información falsa en las planillas de contribución sobre ingresos.
Cotto Vives recordó que contra Soto Díaz ya pesan 26 cargos criminales. De estos, 13 son por apropiación ilegal agravada de fondos públicos y 13 por falsificación ideológica.
Estas imputaciones graves están relacionadas a que supuestamente cobró $2,106 en dietas legislativas, mientras se encontraba de viaje en la República Dominicana.
Por cada uno de los cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos, el exsenador podría ser sentenciado a 10 años de cárcel, como pena fija y sin el privilegio de optar por una sentencia suspendida o probatoria. Además, el juez podría sentenciarlo a restituir el dinero que se alega cobró ilegalmente.
Este proceso está pendiente a la celebración del juicio. Según ha trascendido, han ocurrido conversaciones para llegar a un acuerdo que contemple una declaración de culpabilidad.


