Un maestro de escuela elemental fue arrestado este jueves por supuestamente tratar de persuadir a una de sus estudiantes a involucrarse algún tipo de actividad sexual.

Agentes de la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE-HSI) arrestaron ayer a Orlando Peña López, de 53 años, quien era maestro de sexto grado en una escuela de Luquillo.

Según la investigación, la madre de la presunta víctima leyó algunos mensajes que su hija intercambió con el maestro por la red social de Facebook. Como parte de la pesquisa, agentes de la unidad de crímenes cibernéticos actuaron encubiertos, haciéndose pasar por la menor mientras hablaban con Peña López, lo que reveló conversaciones de índole sexual.

Durante uno de esos diálogos, el maestro le dijo a la niña que le prestaría su teléfono celular o "tablet" para que pudiera tomarse fotos de ella para él.

Peña López fue arrestado cuando se proponía entregar su "tablet" a la menor en casa de su abuela.

Hoy tuvo su vista inicial ante el magistrado federal Bruce McGiverin, quien ordenó que el ahora acusado sea detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Guaynabo en lo que se ve el caso.

Situación "alarmante"

"En los últimos cuatro meses, HSI ha arrestado a 16 individuos por cargos relacionados a pornografía infantil. Esto es simplemente alarmante. HSI no puede hacer esto solo. Necesitamos que todos y cada uno de los padres se envuelvan y tomen responsabilidad de los hábitos cibernéticos de sus hijos. Este maestro fue detenido mientras cometía este horrible crimen porque un padre responsable sacó de su tiempo para supervisar las sesiones de 'chat' de su hijo, descubriendo un comportamiento inapropiado y lo reportó", destacó el agente especial a cargo de HSI en San Juan, Ángel Meléndez.

"A aquellos que están envueltos en la explotación infantil por internet, lo único que les podemos decir es que no se trata de que HSI pueda identificarlos y arrestarlos, más bien es cuándo", agregó.

De ser encontrado culpable, Peña López se enfrenta a una sentencia de entre 10 años o vida en prisión.

La fiscal federal a cargo del caso es Julia Meconiate.