Un agente de Utuado recibió el mes pasado una notificación de querella administrativa en su contra firmada por su supervisor en el que se le informaba posibles faltas, entre estas la falta grave 29 del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico “asociarse con prostitutas u homosexuales o personas de reputación dudosa”.

La misiva -con fecha del 3 de octubre de 2019-  y firmada por el sargento Iván Elías Gualdarrama, encargado de la División de Asuntos Internos del área de San Juan, Bayamón y Carolina, le indica al oficial que también  se le investiga por la falta grave 1 del Reglamento  por “demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes, funciones y responsabilidades”.

La carta o memo está timbrada como proveniente del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y tiene los nombres del secretario Elmer Román González y por el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera Rivera.

Enseguida, la situación levantó críticas en las redes sociales y fue catalogado por muchos como un acto de discrimen homofóbico por parte de la agencia de seguridad.

“Eso es un error clerical”

Román González y Escalera Rivera reaccionaron esta tarde a lo ocurrido y explicaron que todo se trató de un “error clerical” que será corregido.

De primera instancia, el secretario del DSP indicó que le “tomó por sorpresa” cuando vio el documento.

Mientras, Escalera Rivera indicó que aunque en un momento dado las imputaciones señaladas al agente estaban clasificadas como “faltas graves” las mismas fueron derogadas con el Reglamento 9001 de 2017 que enmendó el 4216.

“Las políticas en la policía fueron modificadas…esas fueron unas faltas de hace muchos años atrás que se aplicaban y eso no se está aplicando ya… te voy a poner un ejemplo (antes) un hijo fuera de matrimonio estaba en las faltas y no se aplicaba y eso es lo que pasó ahora mismo. Es un error clerical”, dijo Escalera Rivera.

Sostuvo que se impartieron instrucciones para corregir el error y explicarle al agente que la falta imputada fue un error. Aun así, destacó, que hay una investigación administrativa en curso que debe continuar y que pudiera estar relacionado al vínculo del oficial a alguna persona de “dudosa reputación”.  Explicó que ese término podría referirse a varias cosas entre estas a relación con persona del “bajo mundo, del crimen organizado, a una persona convicta o relacionada al trasiego de drogas y cosas así”.

Román González, por su parte, recordó que en junio pasado se firmó una orden administrativa que rechaza el discrimen por identidad de género u orientación sexual real o percibida que aplica a todo el personal y o contratistas de los siete negociados, independientemente de su rango, posición, o lugar de trabajo.

“Prácticamente no discriminamos a la comunidad LGBTT y todos los reglamentos se deben atemperar a esta orden administrativa”, sostuvo el secretario del DSP.