La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, juramentó hoy a 30 cadetes municipales a quienes instó a proteger los derechos constitucionales y civiles de la ciudadanía.

El grupo compuesto por 10 mujeres y 20 hombres comenzará su academia en el Colegio Universitario de San Juan el próximo 1 de junio, con clases virtuales.

“Ustedes tienen en sus manos y toman un juramento hoy para proteger la vida y la propiedad. Proteger la vida y la propiedad también incluye proteger los derechos constitucionales y los derechos civiles de nuestros residentes y de nuestros visitantes. No hay razón alguna en ningún momento para no respetar los derechos constitucionales ni civiles de cualquier ciudadano”, les expresó Cruz Soto.

A su vez, les aclaró que el respeto a una cadena de mando no puede implicar seguir una orden “ilegal, inmoral o falta de ética”.

La Academia contará, además, con ocho cadetes de Mayagüez, uno de Fajardo, dos de Canóvanas y tres de Loíza, para totalizar el grupo de 46, quienes ya fueron juramentados por respectivos alcaldes y alcaldesas.

A partir de este mes realizarán labores administrativas y comenzarán a devengar un salario mensual de $1,320 más los beneficios de plan médico y las licencias de vacaciones y enfermedad ya que se suponían que comenzaran sus módulos en marzo y no estaban devengando ingresos. Una vez se gradúen, recibirán una paga de $2,000.

Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el coronel José L. Caldero López, destacó que en la nueva clase uno de sus miembros posee el grado de maestría, hay 20 con bachillerato y nueve tienen grados asociados.

El entrenamiento físico se impartirá los viernes en el Parque Central, guardando una distancia de seis pies, al igual que durante las prácticas de tiro en el polígono.

Los cadetes tienen que cumplir con 1,110 horas de instrucción, incluyendo la clase de lenguaje de señas, 160 horas más que las que exige la Reforma de la Policía.

Cruz Soto les recordó que al momento de un arresto debe tener claro el motivo fundado y que su rol no es el de juzgador, sino que su función es hacer cumplir la ley si entiende que se cometió un delito.

Sobre el arresto ayer, jueves, del líder del Centro para el Desarrollo Político, Educativo y Cultural y los Comedores Sociales, Giovanni Roberto Cáez, de 37 años, quien encabezaba la Caravana por la Vida, cuestionó la acción del gobierno al presuntamente intentar detener el derecho a la libre expresión de los ciudadanos.

Este quedó en libertad tras no determinarse causa para su arresto.

“Vimos a un joven que lo que hacía era darle comida a los pobres siendo arrestado y a un policía irresponsable decirle por qué lo estaba arrestando, y a un grupo de policías que le dicen se tiene que mover sino lo vamos a arrestar, y cuando se va a montar en el carro se oye la voz claritita diciendo ‘vamos a arrestar a este’”, comentó indignada, durante una conferencia de prensa transmitida por su página de Facebook.