“La respuesta del estado ante un crimen atroz nunca debe ser replicar la violencia. La justicia debe servir para reparar, no para destruir más vidas”.

Bajo esta afirmación, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, Liza M. Gallardo Martín, repudió una decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de buscar la pena de muerte para uno de los dos acusados del asesinato de dos adolescentes reportado en el 2023 en la playa de Piñones, en Loíza.

La reacción surge luego de que se añadiera al expediente federal una notificación firmada el pasado viernes en la que se alerta “al Tribunal y al acusado, Edwin Yadiel Flores Tavárez, y a su abogado, que los Estados Unidos consideran que las circunstancias del delito imputado en el cargo uno de la acusación sustitutiva son tales que, en caso de condena, se justifica la pena de muerte conforme a los artículos 3591 a 3598 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, y que los Estados Unidos solicitará la pena de muerte por los siguientes delitos: secuestro con resultado de muerte en violación de los artículos 1201(a)(1) y 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos”.

El caso en cuestión fueron los asesinatos de Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años, y Nahia Paola Ramos López, de 13, reportado el 25 de julio de 2023.

La Policía informó en aquel entonces que José Martínez Serrano y Flores Tavárez secuestraron y les dispararon a las adolescentes causándoles la muerte. Las jóvenes fueron baleadas en el interior de una guagua Toyota Tacoma de 2018 y color anaranjado, que fue hurtada mediante “carjacking” a un comerciante en Ponce.

El pasado 6 de enero, la Fiscalía federal notificó que no buscaría la pena de muerte contra Martínez Serrano. La moción no da una explicación.

“Estados Unidos de América notifica que no solicitará la pena de muerte con respecto a José Martínez Serrano”, dice la escueta comunicación.

No obstante, ahora trasciende que habrá un caso de pena capital contra Flores Tavárez.

En esta notificación se alude a que el hombre fue el responsable del crimen.

Específicamente, dice que “Flores Tavárez asesinó a T.D.C. y N.R.I. con la intención de impedir que las víctimas proporcionaran información y asistencia a las autoridades policiales en relación con la investigación y el enjuiciamiento de otro u otros delitos, incluidos el tráfico de drogas y/o el intento de tráfico de drogas”.

Además, se indica que “Flores Tavárez causó lesiones, daños y pérdidas a la familia y amigos de T.D.C. y N.R.I. Las lesiones, los daños y las pérdidas causadas por Flores Tavárez con respecto a cada víctima se evidencian por las características personales de cada víctima y por el impacto de su muerte en su familia y amigos. Flores Tavárez asesinó a T.D.C. y N.R.I. tras una planificación y premeditación considerables para causarles la muerte”.

La funcionaria de Amnistía Internacional reaccionó, de inmediato, al subrayar que “la brutalidad de un acto no puede justificar otro. La pena de muerte constituye una violación a los derechos humanos, no disuade el crimen, perpetúa ciclos de violencia y abre la puerta a errores irreparables. Su aplicación, además, contraviene la voluntad expresada por el pueblo de Puerto Rico y su Constitución, que prohíbe explícitamente este castigo”.

Por ello, informó que existe preocupación con la decisión y la rechazan. Fue más lejos al solicitar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que reconsidere su decisión.

La directora de la organización aludió a que en la Isla se repudia el uso de la pena de muerte. Recordó que, hasta el presente, ningún caso federal en la Isla se ha logrado imponer, incluso en procesos de gran visibilidad mediática como el de la masacre de “La Tómbola”, reportado en el 2009 en Toa Baja, este castigo.

“Puerto Rico ha sido claro: creemos en la dignidad humana y en sistemas de justicia que protejan a las personas, no que las ejecuten”, sentenció Gallardo Martín.

Añadió que “Amnistía Internacional reafirma que los procesos judiciales deben centrarse en la verdad, la reparación, las garantías de no repetición y la protección de las familias víctimas, que requieren apoyo continuo y sensible a su dolor. La pena de muerte no alivia ese sufrimiento y no fortalece la seguridad pública”.